
El municipio aprobó tres acuerdos extrajudiciales por demandas laborales heredadas de la antigua Corporación Municipal, en un contexto de alta judicialización que ya suma al menos 244 causas en tribunales del trabajo y que mantiene presionadas las finanzas comunales.
El Concejo Municipal de Cerro Navia aprobó en su sesión N°49 tres acuerdos extrajudiciales por demandas laborales que implican un desembolso cercano a los $208 millones.
Cerro Navia, Santiago de Chile La decisión se enmarca en deudas laborales heredadas de la antigua Corporación Municipal, las que, de haber continuado en sede judicial, podrían haber superado los $400 millones para la comuna. Según se indicó en la instancia, la vía extrajudicial busca reducir el impacto económico y evitar sentencias eventualmente más costosas.
Los acuerdos forman parte de un escenario más amplio de litigios laborales que enfrenta el municipio. De acuerdo con registros del Primer y Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, durante la actual administración del alcalde Mauro Tamayo se han ingresado al menos 244 causas laborales, cifra que da cuenta de un nivel sostenido de judicialización en la gestión comunal.
En ese contexto, el concejal Luis Beltrán advirtió el efecto acumulativo de estos procesos en las finanzas municipales. “Van directamente contra el patrimonio municipal… en algún momento eso se transforma en una alteración porque hay que pagarlas”, señaló, agregando que este tipo de causas puede generar un incremento progresivo del gasto en el tiempo.
Por su parte, el concejal Sebastián Caiceo sostuvo que el impacto recae directamente en los recursos disponibles para la comunidad. “Cada peso que se gasta en una causa judicial es a costo de los vecinos y vecinas de Cerro Navia”, afirmó.
Durante la sesión N°50, realizada el miércoles 22 de abril, el concejo aprobó además un nuevo acuerdo extrajudicial por $4.617.027. En caso de haberse mantenido el litigio, el costo estimado habría alcanzado los $10.773.063 si el fallo resultaba desfavorable para el municipio.
Desde el concejo se argumenta que estos acuerdos buscan contener el gasto público frente a escenarios judiciales más onerosos. “Se busca llegar a acuerdos para que esto no escale y sea el menor costo posible para la municipalidad”, explicó Caiceo.
No obstante, el alto volumen de causas ha abierto cuestionamientos sobre el origen de estos conflictos laborales. Entre los factores mencionados por los concejales se encuentra la modalidad de contratación a honorarios, ampliamente utilizada en el sector público.
“Muchas de estas situaciones se originan en contrataciones a honorarios que luego derivan en demandas por relación laboral”, señaló Beltrán, apuntando a un problema estructural en la administración pública.
En la misma línea, Caiceo agregó que “es la forma que tienen los trabajadores de buscar alguna indemnización ante procesos de desvinculación que muchas veces no cuentan con la debida formalización”.
Sin cifras consolidadas del total de causas en curso, el impacto económico se dimensiona a partir de los montos ya comprometidos y del volumen de litigios existentes. En conjunto, estos antecedentes proyectan una presión sostenida sobre el presupuesto municipal, con efectos directos en la disponibilidad de recursos para iniciativas locales.
Por: Asadora Fuentes (UBO)

