Durante los últimos días recibí anónimamente una serie de documentos relacionados con la auditoría externa practicada a los estados financieros de la Municipalidad de Pudahuel correspondientes al año 2024.
Decidí estudiarlos con la responsabilidad que me corresponde como presidente comunal de Renovación Nacional en Pudahuel, pero también desde mi formación profesional como abogado, profesor de Derecho y comunicador social.
Los antecedentes son preocupantes. No permiten afirmar que hayan desaparecido once mil millones de pesos ni que se encuentre comprobada la comisión de algún delito. Sin embargo, revelan debilidades contables, rendiciones tardías y graves problemas de control interno que no pueden continuar guardados en un cajón ni ser postergados indefinidamente mediante discusiones procedimentales.
La pregunta que hoy deben responder las autoridades es sencilla: ¿por qué una auditoría de esta importancia todavía no ha sido analizada públicamente, de manera completa y con la presencia de todos los responsables?
## Una auditoría con salvedades
La empresa Fortunato y Asociados emitió una “opinión con salvedades” respecto de los estados financieros de la Municipalidad de Pudahuel correspondientes al año 2024.
Esto significa que la auditora no rechazó completamente los estados financieros, pero sí detectó problemas relevantes que impiden aceptarlos sin observaciones.
Entre las bases de esa opinión se encuentra la falta de antecedentes actualizados sobre terrenos, edificaciones y bienes entregados o recibidos en comodato. Pero el punto que más llama la atención es que la Municipalidad no proporcionó un análisis suficiente de cuentas por cobrar por M$11.915.427, equivalentes a $11.915.427.000.
Esta observación aparece expresamente en la página 3 del documento denominado “2024 Informe Estados Financieros Firma”, dentro del apartado “Base para la opinión con salvedades”. El mismo monto vuelve a aparecer en la página 18, dentro de la Nota 5 sobre cuentas por cobrar.
El informe complementario de control interno desarrolla esta situación en su página 23, bajo el título “Hallazgo 6: Falta de análisis de cuentas”.
La suma se compone de:
* $6.727.903.000 por patentes municipales;
* $454.613.000 por derechos de aseo asociados a patentes;
* $864.113.000 por derechos varios;
* $54.195.000 por permisos de circulación de beneficio municipal;
* $90.121.000 correspondientes al Fondo Común Municipal;
* $16.806.000 por convenios de Tesorería;
* $3.634.038.000 por aseo domiciliario;
* $4.747.000 por propaganda asociada a patentes; y
* $68.891.000 por licencias médicas.
¿Qué significa esto?
No significa necesariamente que ese dinero haya desaparecido. Significa que la Municipalidad mantiene registrados aproximadamente $11.915 millones como derechos o cuentas por cobrar, pero no entregó a la auditoría antecedentes suficientes para determinar claramente su composición, antigüedad y posibilidad real de recuperación.
En términos sencillos, corresponde preguntar: ¿quiénes deben ese dinero?, ¿desde cuándo?, ¿cuánto está prescrito?, ¿cuánto es efectivamente cobrable?, ¿existen cuentas duplicadas?, ¿hay montos que deberían haberse eliminado o corregido?, ¿se está mostrando como patrimonio municipal dinero que posiblemente nunca será recuperado?
La propia auditoría advierte sobre el riesgo de sobrevaloración de los estados financieros y la incertidumbre respecto de la recuperación de estas cuentas.
No es un detalle menor. Estamos hablando de casi doce mil millones de pesos registrados sin un análisis suficiente.
## CODEP y más de diez mil millones rendidos fuera de plazo
La segunda situación especialmente delicada se relaciona con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel, CODEP.
La auditoría señala que durante 2024 CODEP no realizó oportunamente rendiciones de cuentas por M$10.120.332, equivalentes a $10.120.332.000.
El antecedente se encuentra en la página 3 del informe de estados financieros, también como parte de las bases de la opinión con salvedades.
La auditora agrega que las rendiciones fueron presentadas posteriormente:
* $3.602.490.000 el 2 de abril de 2025; y
* $6.517.842.000 el 30 de abril de 2025.
El “Hallazgo 10” del informe complementario, ubicado en las páginas 30 y 31, profundiza esta situación y señala que CODEP no habría efectuado durante 2024 las rendiciones mensuales correspondientes.
Debemos ser responsables: esto no demuestra que CODEP haya malversado o perdido más de diez mil millones de pesos. Las rendiciones habrían sido finalmente presentadas en abril de 2025.
Sin embargo, la presentación posterior no borra el incumplimiento producido durante 2024. La comunidad tiene derecho a saber por qué se transfirieron esos recursos, por qué no fueron rendidos oportunamente, quiénes debían controlar el cumplimiento y si las rendiciones tardías fueron aprobadas, observadas o rechazadas.
También debe explicarse si continuaron realizándose transferencias mientras existían rendiciones pendientes y qué medidas adoptó la Municipalidad para evitar que esta situación volviera a ocurrir.
## ¿Existe realmente un déficit de $11.835 millones?
Una cifra de $11.835 millones ha comenzado a generar preocupación. Es importante aclararla correctamente.
La cifra aparece en la página numerada 54 del informe de control interno —página 4 del segundo archivo PDF— dentro de una tabla denominada “Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas, cuenta 44203”.
Allí figura una diferencia de M$11.835.000 correspondiente al mes de abril.
Pero la auditoría no denomina esa cantidad como déficit presupuestario, pérdida, deuda municipal, faltante de caja ni dinero desaparecido.
La misma tabla presenta otras diferencias todavía mayores, incluida una de M$160.062.606 en diciembre y un total anual de M$171.947.081. Esto demuestra que la tabla necesita una explicación técnica sobre su metodología, clasificación de ingresos y la posible existencia de errores de extracción o comparación.
No es correcto tomar aisladamente los $11.835 millones y presentarlos como un déficit municipal comprobado.
El resultado negativo real del ejercicio 2024 fue de M$1.734.657, equivalentes a $1.734.657.000. Esta cifra aparece en la página 7 del informe de estados financieros, dentro del Estado de Resultados.
La diferencia es fundamental. Una cosa es una pérdida contable del ejercicio; otra, cuentas por cobrar sin respaldo; y otra completamente distinta, una descuadratura contenida en una tabla de ingresos.
Pudahuel necesita información clara, no confusión contable ni titulares construidos sobre una cifra aislada.
## Dieciocho hallazgos que no pueden ignorarse
El informe complementario no contiene solamente una o dos observaciones. Identifica al menos dieciocho hallazgos, entre ellos:
* conciliaciones bancarias con partidas antiguas pendientes;
* cheques girados y no cobrados por más de noventa días;
* anticipos de fondos sin rendición oportuna;
* irregularidades en la ejecución y rendición del programa FOMIL;
* falta de gestión de cobro sobre documentos protestados;
* cuentas por cobrar sin análisis;
* problemas relacionados con la recuperación de licencias médicas;
* errores de imputación contable;
* falta de análisis de terrenos y edificaciones;
* desconocimiento de registros de terrenos en comodato por aproximadamente $5.469 millones;
* diferencias cercanas a $1.977 millones en bienes en comodato;
* disponibilidades por aproximadamente $251 millones no acreditadas en una cuenta corriente;
* diferencias entre la información de SECPLAN y la contabilidad;
* cuentas sin análisis; y
* cheques caducados no reversados oportunamente.
El informe también advierte la existencia de inventarios desactualizados, bienes que no se encontrarían en las ubicaciones registradas, bajas físicas no reflejadas oportunamente en la contabilidad y una capacidad operativa insuficiente para controlar adecuadamente el patrimonio municipal.
Nada de esto permite acusar automáticamente la existencia de fraude. Pero tampoco permite sostener que aquí no ocurre nada.
## Una fiscalización postergada
Los documentos recibidos incluyen varios correos enviados por el concejal Ignacio Pérez Rojas.
El 28 de julio de 2026, el concejal solicitó al alcalde Ítalo Bravo, por intermedio del secretario municipal, que el análisis de la auditoría externa fuera incorporado como punto de tabla de una sesión ordinaria del concejo.
También pidió la presencia del director de Control, del director de Administración y Finanzas y del director Jurídico, además de una explicación por la suspensión de la Comisión de Finanzas que debía estudiar la auditoría.
La presidenta de dicha comisión, concejala Cinthya Muñoz, respondió que la sesión había sido postergada, entre otras razones, porque los concejales no habrían enviado anticipadamente sus preguntas y porque era necesario coordinar la asistencia de los funcionarios.
Sin embargo, no fijó una nueva fecha cierta. Indicó que la comisión se efectuaría cuando pudiera volver a coordinarse.
El concejal Pérez respondió que su solicitud estaba dirigida al alcalde y que el análisis de la auditoría ya habría sido acordado por el concejo. Posteriormente, el 3 de agosto, reiteró por tercera vez la petición para que el asunto fuera incorporado a la sesión del 5 de agosto.
Según la información anónima recibida, solamente los concejales Manuel Ibarra y Cristian Ballesteros habrían respaldado expresamente la solicitud y no habría existido respuesta del alcalde hasta ese momento.
Este último antecedente debe verificarse mediante el acta de la sesión, la cadena completa de correos y las respuestas oficiales que pudieran haberse emitido posteriormente.
Pero existe una realidad difícil de discutir: una auditoría de esta magnitud merece un tratamiento público, serio y oportuno por parte del concejo municipal.
## ¿Hubo adulteración?
La fuente anónima sostiene que Control Interno municipal habría alterado cifras del informe original.
Con los archivos recibidos no puedo afirmar responsablemente que ello se encuentre comprobado.
Las 63 páginas denominadas “Informe de Control Interno” mantienen la portada, el logotipo y el contenido atribuidos a Fortunato y Asociados. Además, sus principales cifras coinciden con el informe de estados financieros.
Antes de hablar de adulteración, deben obtenerse:
* los archivos originales entregados por Fortunato y Asociados;
* las versiones preliminares y finales;
* los correos de entrega;
* los archivos Excel utilizados para los cálculos;
* el acta de recepción conforme;
* los documentos elaborados por la Dirección de Control municipal; y
* una certificación de la auditora que identifique su versión final.
Si después de esa comparación se comprueba que existieron modificaciones no autorizadas, ocultamiento o alteración de cifras, los antecedentes deberán remitirse a la Contraloría General de la República y, si aparecen indicios concretos de falsificación o distracción de recursos, al Ministerio Público.
Pudahuel tiene derecho a saber
Como presidente comunal de Renovación Nacional, considero que nuestro concejal Cristian Mallea Ortega debe contribuir activamente a esclarecer estos antecedentes, respaldando que la auditoría sea incorporada como punto de tabla y colaborando con la solicitud de fiscalización formulada por el concejal Ignacio Pérez Rojas.
Este no debe transformarse en un asunto de trincheras partidistas. Se trata de proteger los recursos de todos los habitantes de Pudahuel.
Corresponde citar a la empresa auditora y escuchar al director de Control, al director de Administración y Finanzas, al director Jurídico y a los responsables de CODEP. También debe establecerse un plan de regularización, con responsables, medidas y fechas para cada hallazgo.
Fiscalizar no significa condenar anticipadamente. Fiscalizar significa preguntar, revisar, contrastar y exigir explicaciones.
Pudahuel no necesita rumores ni silencios. Necesita documentos originales, cuentas claras y autoridades dispuestas a responder.
Cuando existen casi doce mil millones de pesos en cuentas por cobrar sin análisis suficiente, más de diez mil millones rendidos tardíamente por CODEP y al menos dieciocho hallazgos de control interno, guardar silencio no es prudencia.
Es renunciar al deber de fiscalizar.
Columna de Opinión: Por Ignacio Enrique Alarcón Benavides ** Abogado, profesor de Derecho y comunicador social* *Presidente de la Directiva Comunal de Renovación Nacional en Pudahuel
Señor Ignacio sere directo y puntual en mi opinion me alegro mucho que trasparenten esta problematica. esta problematica que esta ocurriendo en nuestro municipio de pudahuel. Si hay errores personas como usted y con conocimiento se debe revelar la informacion a la comunidad fuerza y siga adelante y mantengalos Informados suerte.