Los antecedentes corresponden a operaciones registradas entre 2015 y junio de 2019, durante parte de la extensa administración del exalcalde. Carrasco atribuye las diferencias a un “desfase administrativo”, asegura que existen documentos para respaldar su versión y manifestó su disposición a que se investiguen sus cuentas personales.
Pudahuel, Santiago de Chile. 28 de agosto 2026. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago para que se investigue una presunta sustracción de aproximadamente $10.400 millones del patrimonio de la Municipalidad de Pudahuel, según los antecedentes expuestos en la acción judicial y recogidos por distintos medios de prensa.
Los hechos denunciados corresponden a operaciones registradas entre 2015 y junio de 2019, período que forma parte de la administración del entonces alcalde Johnny Carrasco, quien estuvo más de 28 años al frente del municipio, entre 1992 y junio de 2021.
La querella fue presentada contra quienes resulten responsables, por lo que la acción judicial no atribuye por sí misma responsabilidad penal a Carrasco ni establece que el exalcalde haya participado en las operaciones cuestionadas.
Las diferencias que busca esclarecer el CDE
De acuerdo con la querella, uno de los principales antecedentes corresponde a la partida denominada “Abonos en Cuenta Corriente Erróneamente Contabilizados u Omitidos”, asociada a aproximadamente $3.758 millones.
El CDE plantea que se trataría de recursos que habrían ingresado a cuentas municipales, pero que no estarían correctamente reflejados en los registros contables o habrían sido consignados mediante glosas genéricas, situación que habría dificultado su seguimiento.
La acción también menciona más de $402 millones asociados a la partida “Cargos Cuenta Corriente No Registrados”, además de aproximadamente $6.300 millones correspondientes al acápite “Ingresos Contables no Abonados en Cuenta Corriente”.
En conjunto, las operaciones señaladas en la presentación judicial alcanzan aproximadamente $10.400 millones.
El organismo solicitó que se determine la trazabilidad de estos recursos y que la investigación establezca qué ocurrió con los fondos y quiénes podrían tener responsabilidad en las eventuales irregularidades.
Johnny Carrasco rechaza cualquier responsabilidad
Frente a estos antecedentes, Johnny Carrasco descartó categóricamente haber tenido responsabilidad en una eventual apropiación o sustracción de recursos municipales.
El exalcalde sostuvo que las diferencias cuestionadas responderían a un “desfase administrativo” y a un desacople temporal entre los registros y los procesos de fiscalización.
Según su versión, las observaciones formuladas durante los procesos de revisión fueron posteriormente subsanadas mediante la entrega de documentación respaldatoria.
Carrasco también afirmó que al término de su administración se realizó una auditoría que, según señaló, no detectó observaciones que acreditaran un déficit fiscal o dinero comprometido en las arcas municipales.
El exalcalde indicó que su abogado, Francisco Pinochet, dispone de los antecedentes necesarios para respaldar esta posición y acreditar, de acuerdo con su defensa, el correcto uso de los recursos municipales.
Pone sus cuentas personales a disposición
Uno de los elementos centrales de la respuesta de Carrasco fue su disposición a que se revisen sus antecedentes patrimoniales.
La exautoridad manifestó que está disponible para que se investiguen sus cuentas personales desde el inicio de su mandato, con el objetivo de descartar cualquier eventual enriquecimiento ilícito.
También sostuvo que el Concejo Municipal puede revisar los antecedentes relacionados con los hechos y descartó que su posición o defensa tengan una motivación política.
Fiscalía deberá determinar responsabilidades
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Occidente, que deberá establecer si las diferencias descritas en la querella corresponden efectivamente a una sustracción de recursos públicos, cuál fue el destino de los fondos y quiénes tuvieron eventualmente participación.
Entre las diligencias solicitadas por el CDE se encuentra el análisis, por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), de la trazabilidad de los recursos que presentarían diferencias respecto de las conciliaciones bancarias del período investigado.
También se solicitó que la Municipalidad de Pudahuel remita antecedentes de un sumario administrativo relacionado con los hechos y que declaren funcionarios fiscalizadores de la Contraloría General de la República que conozcan los antecedentes.
La investigación deberá determinar si existieron delitos y eventuales responsabilidades individuales. Hasta ahora no existe una condena ni una responsabilidad penal acreditada contra Johnny Carrasco, quien rechaza las acusaciones y sostiene que las diferencias corresponden a situaciones administrativas que fueron aclaradas y documentadas.