Un reportaje de prensa vincula a profesionales que trabajaron en el municipio local con la investigación de la Fiscalía sobre licitaciones e irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar.
Cerro Navia, Santiago de Chile. 10 de septiembre 2026. Una investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) incluye entre los involucrados a personas que ocuparon cargos directivos en la Municipalidad de Cerro Navia durante la administración del alcalde Mauro Tamayo.
Los antecedentes, dados a conocer por el diario La Segunda, forman parte de una causa a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad que indaga eventuales delitos vinculados a licitaciones y entrega de servicios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
De Cerro Navia a la dirección nacional de Junaeb
Entre los nombres expuestos figura el de Camila Rubio, quien antes de asumir la dirección nacional de Junaeb mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en 2022, se desempeñó como administradora municipal de Cerro Navia.
Según la publicación, durante su periodo en el municipio Rubio coincidió laboralmente con Nicolás Cataldo, exjefe de gabinete del alcalde Tamayo y posterior subsecretario y ministro de Educación. Otro de los profesionales mencionados en la indagatoria penal es Alejandro Layseca, ex directivo de la Junaeb.
Las aristas de la investigación
De acuerdo con los antecedentes del caso, una de las líneas de investigación surgió a partir de una causa en el 2° Juzgado de Letras de San Fernando sobre inconsistencias en el registro de raciones alimentarias del PAE. En dicho proceso se denunció que se habría solicitado reportar una cifra de raciones superior a las entregadas, cuyos antecedentes fueron remitidos a la dirección nacional del organismo.
Ante ello, la Fiscalía ha solicitado diligencias para revisar las actuaciones administrativas y correos institucionales de las autoridades de la época, buscando determinar si existió omisión de denuncias o irregularidades en la gestión. En paralelo, la causa indaga a la empresa SOSER en relación con una licitación superior a los $14 mil millones en la Región de O’Higgins.
Desde el ámbito judicial se enfatiza que la causa se encuentra en etapa de investigación, por lo que la condición de imputado o investigado no implica una determinación de culpabilidad, la cual corresponde únicamente a los tribunales de justicia.
(Fuente: Elaboración propia en base a información de diario La Segunda)