Como abogado y ciudadano comprometido con los derechos fundamentales, no puedo permanecer en silencio frente a la realidad que se vive tras los muros de nuestras cárceles. Mientras la agenda pública se entretiene con escándalos que van desde las “travesuras” de la diputada Maite Orsini hasta las controversias del exsubsecretario Monsalve, pasando por los toldos azules de Mario Desbordes y las excentricidades de la guagua presidencial, una realidad mucho más sombría y urgente se despliega tras los muros de nuestras prisiones.
El pasado lunes, Vicente Paolo Demian González, un joven de 27 años, fue brutalmente degollado mientras dormía en su celda en la cárcel concesionada de Concepción. Este asesinato, atribuido por las autoridades a un “ritual satánico”, es solo uno de los tres homicidios que han ocurrido en esa misma prisión durante los primeros diez días de noviembre. La tragedia pone en evidencia el rotundo fracaso del modelo de cárceles concesionadas, implementado hace ya 24 años con promesas de resolver problemas como el hacinamiento, la ineficiencia y la falta de reinserción social.
Lejos de cumplir esas metas, el sistema penitenciario concesionado ha profundizado los problemas estructurales de nuestras cárceles: sobrepoblación, violencia institucionalizada, condiciones de vida indignas, problemas sanitarios, salud mental deteriorada, y un floreciente crimen organizado que opera con total impunidad. A esto se suma un secretismo institucional que perpetúa la falta de transparencia y responsabilidad sobre lo que ocurre tras las rejas.
Como abogado, he sido testigo de cómo la clase política, de todas las tendencias, ha ignorado sistemáticamente los innumerables informes que alertan sobre esta crisis. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta la Contraloría General de la República, pasando por la academia y las organizaciones de derechos humanos, el diagnóstico es claro: las cárceles chilenas son espacios de violencia, tortura y muerte, y el Estado de Chile es directamente responsable de negar derechos fundamentales a miles de personas privadas de libertad.
Ejemplos sobran. La tragedia de la Torre 5 en la cárcel de San Miguel, que en 2010 costó la vida de 81 reclusos, es un recordatorio brutal de las consecuencias de la negligencia estatal. Entre los muertos estaba un hombre detenido por vender discos piratas, un delito menor que lo llevó a compartir espacio con individuos involucrados en crímenes mucho más graves. Este contraste absurdo evidencia el sinsentido de un sistema que no diferencia entre la gravedad de los delitos y que somete a todos los reclusos al mismo hacinamiento y violencia institucional.
Casos como este, sumados a la historia de Cristóbal Cabrera Morales, conocido como el “Cisarro”, evidencian el fracaso del sistema no solo en el ámbito penitenciario, sino también en la protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La respuesta de la clase política ha sido el populismo penal: endurecer penas y construir más cárceles sin abordar las causas estructurales de la crisis. Particularmente, me resulta indignante la falta de interés de los parlamentarios, especialmente de los diputados del Distrito 8, que se preocupan más por debates triviales y escándalos mediáticos que por enfrentar los problemas reales de sus representados. Es lamentable que quienes deberían legislar para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, incluidos aquellos privados de libertad, ignoren deliberadamente esta crisis humanitaria. En lugar de preocuparse por cuestiones urgentes, prefieren mantenerse en la superficialidad y el oportunismo político.
Es urgente un cambio de paradigma. Chile necesita una legislación que dignifique la vida de las personas privadas de libertad y que garantice la legalidad y la transparencia en la ejecución de las penas. Esto incluye:
- Un cuerpo normativo orgánico para Gendarmería: La cultura reglamentaria disfuncional de esta institución debe ser reemplazada por un marco legal claro y eficaz.
- Una ley de ejecución penal: Este estatuto debe sistematizar los derechos y obligaciones de las personas privadas de libertad, asegurando su cumplimiento a través del control judicial.
- Programas de reinserción: Se necesitan iniciativas multidisciplinarias permanentes, con personal capacitado y estable, que promuevan la reeducación, el desarrollo de competencias laborales y el acompañamiento post-penitenciario.
El Estado de Chile tiene una deuda histórica con las personas privadas de libertad, quienes, a pesar de sus circunstancias, siguen siendo sujetos de derechos y miembros de nuestra sociedad. Ignorar esta crisis es no solo un acto de negligencia, sino también una renuncia a los valores fundamentales de justicia, dignidad y humanidad que deberían guiar a cualquier democracia.
Como abogado, considero que la clase política debe dejar de mirar hacia otro lado y asumir su responsabilidad. El fracaso no es solo del sistema penitenciario; es el fracaso de una sociedad entera que elige la indiferencia y el castigo en lugar de la justicia y la rehabilitación. ¡Algo huele muy mal en la cárcel de Chile, y no podemos seguir ignorándolo!
Columna de opinion de: Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado especialista en derecho constitucional y derecho penal. – Más información en: www.asesoriasjuridicas.cl