Por años en Chile se ha instalado una idea aparentemente incuestionable: la ayuda social como expresión de solidaridad. Nadie podría oponerse a asistir a quienes enfrentan dificultades económicas, problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando esa ayuda comienza a mezclarse con objetivos políticos o ideológicos, el debate deja de ser exclusivamente humanitario y pasa a ser profundamente democrático.
La historia latinoamericana ofrece ejemplos claros de cómo ciertos modelos políticos han utilizado la asistencia social no solo como política pública, sino también como mecanismo de control social. El caso de Cuba es probablemente el más emblemático: durante décadas el régimen ha construido una estructura donde gran parte de la población depende del Estado para satisfacer necesidades básicas, generando una relación permanente de dependencia política y económica.
Este modelo no solo ha existido dentro de la isla. También ha influido en la forma en que diversos movimientos políticos latinoamericanos conciben la relación entre asistencia social, organización comunitaria y movilización política.
En Chile, este fenómeno comienza a observarse con mayor claridad en distintas comunas del país. Operativos médicos, actividades comunitarias, jornadas sociales, programas de asistencia y capacitaciones vecinales se multiplican en diversos territorios, muchas veces impulsados por organizaciones sociales cercanas a determinados sectores políticos.
El problema no está en la ayuda misma. El problema aparece cuando esa ayuda se transforma en un mecanismo de captación política.
La lógica suele ser simple. Personas que enfrentan dificultades económicas o sociales acuden a estos operativos para obtener atención médica, medicamentos o apoyo familiar. Para acceder a estos beneficios deben registrarse con sus datos personales: nombre, teléfono, dirección, correo electrónico. Lo que parece un trámite administrativo termina convirtiéndose en una base de datos organizada de personas en situación de vulnerabilidad.
Posteriormente, esas mismas personas comienzan a recibir invitaciones a reuniones, talleres o actividades donde se difunden determinados discursos políticos. La ayuda inicial abre la puerta a un proceso de fidelización ideológica que muchas veces ocurre de manera gradual y silenciosa.
Así se construyen redes de influencia que mezclan asistencia social con formación política, generando un vínculo entre la necesidad material y la adhesión ideológica.
Este fenómeno adquiere mayor relevancia si se observa el contexto internacional. No es un secreto que el Partido Comunista chileno ha mantenido históricamente relaciones políticas con el régimen cubano. En ese escenario, el año 2026 podría transformarse en un punto de tensión política, especialmente considerando la conmemoración del centenario del nacimiento de Fidel Castro el 19 de agosto.
Pero el escenario político chileno también podría experimentar cambios importantes. El eventual gobierno de José Antonio Kast, que asumiría el 11 de marzo de 2026, ha anunciado un giro significativo en materias de orden público, relaciones internacionales y uso de recursos fiscales.
Entre las medidas anunciadas se encuentra un plan de seguridad con tolerancia cero frente a hechos de vandalismo durante manifestaciones, responsabilidad directa de los organizadores frente a daños a la propiedad pública y un respaldo político explícito a Carabineros en el control del orden público.
En paralelo, el denominado Plan de Seguridad 2026-2030 contempla fortalecer la institución policial con más funcionarios y tecnología, incluyendo drones y sistemas de vigilancia con inteligencia artificial para identificar focos de violencia en tiempo real.
También se ha planteado revisar las relaciones diplomáticas con Cuba y evaluar convenios institucionales que algunas municipalidades chilenas mantienen con organismos o asesorías provenientes de la isla.
El debate de fondo, sin embargo, no debería limitarse a una disputa ideológica entre izquierda y derecha. La verdadera pregunta es si las políticas sociales deben orientarse a empoderar a las personas o a generar relaciones permanentes de dependencia con estructuras políticas.
Este debate se vuelve particularmente relevante cuando se observa lo que ocurre a nivel local.
En comunas como Valparaíso, Coquimbo o Recoleta se han impulsado diversos programas sociales que mezclan asistencia comunitaria con una fuerte narrativa política. Pero el fenómeno también puede analizarse más cerca de casa.
La comuna de Pudahuel —administrada por el alcalde Ítalo Bravo y con un concejo municipal donde predominan representantes de izquierda— ha desarrollado en los últimos años múltiples programas comunitarios y sociales orientados a fortalecer la organización territorial. Entre ellos se encuentran iniciativas de capacitación vecinal, programas de apoyo comunitario, ferias de servicios municipales y redes de apoyo social orientadas a grupos vulnerables.
Algunos de estos programas incluyen capacitaciones laborales para vecinos, ferias de servicios sociales o redes de cuidado para personas dependientes, iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
La pregunta legítima que surge entonces no es si estas políticas son buenas o malas en sí mismas, sino cómo se utilizan políticamente dentro de los territorios.
Porque cuando la asistencia social se mezcla con redes de influencia política, la línea entre política pública y movilización ideológica puede volverse extremadamente difusa.
Como abogado, comunicador social y vecino de la comuna de Pudahuel, creo que este es un debate que no debemos evitar. Las políticas sociales deben existir y deben fortalecerse, pero también deben ser transparentes, institucionales y completamente independientes de cualquier intento de instrumentalización política.
Chile necesita políticas sociales que empoderen a las personas, no estructuras que generen dependencia permanente de la ayuda estatal o municipal.
Porque una democracia fuerte no se construye con ciudadanos dependientes, sino con ciudadanos libres.
Y ese es un debate que nuestro país tendrá que enfrentar con seriedad en los próximos años.
Columna de opinión de: Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado – Comunicador Social
Si definimos la política como “El arte de mandar, dirigir”, podemos decir que la ayuda solidaria o caridad, no solamente se puede transformar en un poder de grupos políticos, al hacer dependiente a los beneficiados o defensor de su benefactor, a esta acción de ayudar se puede asociar con Gobiernos, partidos políticos, religiosos, deportivos. Pero esto también lo podemos ver en otro sector que es más riesgoso, esto es en sectores delictuales que manejan grandes cantidades de dinero, tráfico de drogas. Podemos ver que en sectores donde el Estado no llega, no nombraré sectores para no victimizar más de lo que están, donde llega el traficante y hace regalos para el día del niño, navidad, cuando un vecino sufre una enfermedad grave o fallecimiento, llegan estas personas y cubren todos los gastos, y podemos ver que estas personas son protegidas por los vecinos, no por miedo, si no porque ellos son los que mantienen la ayuda, que le es escasa por parte del Estado. Este tipo de utilización de la ayuda social es la más peligrosa.