El plan coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente busca consolidar la Ley REP mediante metas de ecodiseño, mientras parlamentarios y recicladores advierten fallas de fiscalización e infraestructura local.
El Ministerio del Medio Ambiente y Fundación Chile formalizaron la reestructuración estratégica del Pacto Chileno de los Plásticos mediante la presentación oficial de su Hoja de Ruta al 2030. Este instrumento de carácter técnico y regulatorio tiene como propósito central alinear de forma vinculante los compromisos operativos del sector privado con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). La renovación de esta estrategia nacional se concreta tras un riguroso balance de la etapa inicial, donde las autoridades detectaron que únicamente 47 de las 82 acciones planificadas originalmente se ejecutaron de manera satisfactoria, lo que representa un 57% de cumplimiento global del programa.
El nuevo esquema de trabajo redefine los pilares de la transición ecológica en el país, priorizando el ecodiseño obligatorio de envases, la eliminación de plásticos problemáticos y la optimización de los sistemas de recolección comunales. Sin embargo, la efectividad del cumplimiento normativo genera profundas dudas en el ámbito legislativo y fiscalizador. Viviana Delgado Riquelme, ex-diputada por el Distrito 8 y activa dirigenta socioambiental, manifestó un diagnóstico crítico respecto a los plazos fijados por el Ejecutivo y la capacidad de las grandes corporaciones para acatar las directrices en el corto plazo.
“Dudo que se llegue a completar el total de las metas fijadas para el 2030. Es mucho lo que falta y estamos a prácticamente tres años y medio del límite. Faltó mucha voluntad política para llegar a los compromisos originales, y también faltó fiscalización para desarrollar esta idea y trabajar como corresponde. Por ejemplo, en comunas como Maipú recién hace un año y medio estamos viendo temas de reciclaje domiciliario, cuando eso debió implementarse hace mucho tiempo”, argumentó la exparlamentaria, cuestionando el letargo de los procesos.
Delgado enfatizó que la debilidad estructural de los organismos del Estado chileno impide ejercer un control real sobre el comportamiento industrial masivo en materia de ecodiseño, apuntando a deficiencias en la Superintendencia del Medio Ambiente. “A partir de lo que descubrí fiscalizando una planta de tratamiento, la realidad es que la inspección continua en Chile no existe, solo se actúa cuando hay una denuncia previa. Sin una fiscalización adecuada, con personal real en terreno, veo difícil que estas empresas rediseñen sus envases de forma voluntaria. Lo normal es que se ajusten al límite mínimo de lo que exige la ley”, advirtió.
Asimismo, la ex-legisladora apuntó a la profunda desigualdad territorial que condiciona el éxito de la economía circular en la Región Metropolitana, un factor que atrasa la aplicación homogénea de las normativas ambientales. “El sector oriente es muy diferente al sector poniente. Las comunas del sector oriente se quedan con el pago de patentes de las industrias que contaminan en el poniente. Gracias a eso, ellos pueden implementar buenos parques, plazas y salud. Allá se enseña educación ambiental formal a los niños, mientras que en nuestras comunas apenas estamos aprendiendo con campanas de reciclaje básicas. El tema ambiental en Chile sigue muy en pañales”, sentenció Delgado, quien además sugirió disminuir la burocracia centralizada para otorgar mayor autonomía de gestión a los alcaldes.
Esta asimetría estructural impacta directamente en la base operativa del reciclaje en zonas periféricas como Pudahuel, donde el éxito del modelo depende del esfuerzo diario de los recicladores tradicionales. Isabel Palma, recicladora de base certificada de dicha comuna, reconoce avances en el soporte institucional a nivel local, aunque advierte que el camino de la formalización requiere mayor continuidad: “El municipio nos ha integrado más y se ha acercado a los recicladores de base dándonos herramientas y charlas de guía. La municipalidad ha sido un pilar fundamental para nosotros este último tiempo, acompañándonos en el seguimiento que necesitamos para adaptarnos y entrar formalmente a las exigencias de la nueva Ley REP”.
A pesar del apoyo municipal y el nexo con el sistema de gestión ReSimple, Palma expuso las severas limitaciones logísticas que enfrentan los recolectores debido a la carencia de infraestructura pública apta para el acopio. “Faltan centros de acopio en Pudahuel. Hoy tengo que hacer la ruta, sacar el material de la calle y cargarlo inmediatamente a un camión para transportarlo, quedando expuesta a la lluvia o al calor extremo mientras espero que regrese. Si tuviéramos un punto de acopio fijo sería más fácil, nos dedicaríamos a retirar el material de las casas por la mañana, lo dejaríamos resguardado en un lugar seguro y digno, y luego haríamos la carga con los compañeros en un ambiente de mayor armonía”, detalló la trabajadora.
A esta problemática logística se suma la falta de cultura cívica en el origen residencial, lo que destruye el valor del plástico debido a la contaminación cruzada de los contenedores domiciliarios. “Falta conciencia y educación en la comunidad. Hay vecinos que entregan el plástico sucio, con restos de bebidas o líquidos. Confunden el reciclaje orgánico y botan cáscaras de huevo o plátano en el contenedor del plástico y el cartón. Incluso hemos encontrado excremento de animales y jeringas usadas por pacientes diabéticos. La gente debe comprender que el reciclador es una persona y que, si nos entregan el material contaminado, corremos el riesgo de pincharnos o enfermarnos. Separar bien es clave para asegurar la trazabilidad del proceso”, explicó Palma con preocupación.
Finalmente, la recicladora visibilizó las barreras económicas del mercado de valorización, donde las condiciones financieras asfixian al eslabón más débil de la cadena productiva. “Este material no está bien valorizado y nosotros trabajamos por volumen. No conviene trasladar 100 kilos de vidrio por los costos de combustible y tiempo; para ver ganancias reales debemos mover toneladas de cartón o plástico. Además, si no estás formalizada como empresa ante el Servicio de Impuestos Internos te pagan un precio menor, y las empresas valorizadoras trabajan con pagos desfasados a 30 días. Si entrego el material hoy, me pagan al mes siguiente, lo que dificulta el sustento diario de quienes vivimos de esto”, concluyó la recolectora, evidenciando las complejidades socioeconómicas que la Hoja de Ruta al 2030 deberá resolver para transformarse en una política pública efectiva.
El proceso de actualización del Pacto Chileno de los Plásticos continuará durante los próximos meses mediante la instalación de mesas de validación técnica sectorial, donde se consolidarán las propuestas definitivas de los comités público-privados. La publicación del documento final (que fijará el estándar regulatorio para la industria nacional hasta el término de la década) marcará el inicio de una fase crítica de implementación. Será en esa instancia donde el Ministerio del Medio Ambiente, las empresas y los municipios deberán demostrar si la nueva estrategia tiene la capacidad operativa y presupuestaria para traspasar el papel, resolver las brechas de infraestructura y transformar estructuralmente la gestión de residuos en las comunas más vulnerables del país.Por Nicole Martínez