Una vecina de Pudahuel publicó una imagen que debería llamar la atención de todas las autoridades relacionadas con el transporte público. Eran aproximadamente las 23:03 horas y, en la intersección de avenida Teniente Cruz con General Bonilla, observó alrededor de cinco buses circulando hacia Pudahuel Sur, varios de ellos con muy pocos pasajeros. Sin embargo, para dirigirse por General Bonilla hacia Serrano, llevaba más de treinta minutos esperando sin que apareciera un bus.
Su mensaje fue directo: pidió auxilio al alcalde Ítalo Bravo para gestionar una solución. La denuncia y las imágenes pueden revisarse directamente en la publicación original de la vecina:
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La situación retratada no es solamente una molestia. Para una persona que regresa tarde de su trabajo, de estudiar, de atenderse médicamente o de realizar cualquier otra actividad, treinta minutos de espera durante la noche significan inseguridad, incertidumbre y abandono. El transporte público no puede evaluarse únicamente contando cuántos buses existen: debe analizarse si circulan por donde las personas los necesitan, en el sentido correcto y en horarios razonables.
El alcalde puede intervenir, pero no administra los buses
Es importante aclarar quién tiene la responsabilidad institucional.
El alcalde Ítalo Bravo y los concejales de Pudahuel no diseñan directamente los recorridos de Red Movilidad, no fijan sus frecuencias, no confeccionan los programas de operación ni pueden impartir instrucciones a las empresas concesionarias. La administración del sistema corresponde al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, principalmente a través del Directorio de Transporte Público Metropolitano, conocido como DTPM.
Eso no significa que la Municipalidad de Pudahuel deba permanecer indiferente.
El alcalde puede representar formalmente el problema ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, solicitar información, remitir antecedentes, pedir fiscalizaciones, convocar mesas de trabajo y exigir que se revise la programación aplicada al sector. Los concejales también pueden recoger las denuncias de los vecinos, requerir gestiones municipales y respaldar institucionalmente las solicitudes comunales.
Por tanto, el alcalde no es el responsable directo de que un bus no pase, pero sí puede —y debiera— convertirse en un interlocutor activo de la comunidad frente a la autoridad competente. Una cosa es no tener la potestad para programar los recorridos y otra muy distinta es limitarse a responder que el problema pertenece a otra institución.
¿Es Metbus la empresa responsable?
No puede afirmarse, solamente observando la fotografía, que todos los buses involucrados pertenezcan a Metbus.
Por el sector de Metro Barrancas, Teniente Cruz y General Bonilla circulan distintos recorridos. Entre ellos se encuentran servicios que se dirigen hacia Pudahuel Sur y otros que continúan por General Bonilla. Algunos recorridos de las series 500 y J han estado históricamente asociados a la Unidad 5, operada por Buses Metropolitana S.A., conocida comercialmente como Metbus, pero en el lugar también confluyen servicios pertenecientes a otras unidades y empresas.
Además, las licitaciones más recientes han redistribuido numerosas líneas entre nuevos operadores. La Licitación de Vías de 2023 comprendió aproximadamente el 30% de los servicios del sistema, agrupados en cinco unidades, y produjo el ingreso o consolidación de empresas distintas de Metbus. El DTPM mantiene publicados tanto los contratos vigentes como los programas de operación y las nuevas licitaciones de concesión de vías.
En consecuencia, para individualizar correctamente a la empresa responsable se necesita conocer el número del recorrido que no estaba cumpliendo adecuadamente su frecuencia. No basta con indicar que “no pasan micros”: deben señalarse el recorrido, sentido, parada, fecha y hora.
Esa identificación es fundamental, porque cada empresa responde por el cumplimiento de los servicios que tiene asignados, mientras que el DTPM debe controlar el programa de operación y adoptar las medidas contractuales correspondientes cuando existan incumplimientos.
Una licitación no termina cuando se elige una empresa
En las licitaciones no debiera imponerse simplemente quien ofrezca buses más modernos o presente una propuesta atractiva sobre el papel. Lo verdaderamente importante es que el servicio adjudicado se cumpla en la calle.
El contrato debe traducirse en buses disponibles, frecuencias efectivas, regularidad, cobertura territorial, información confiable y capacidad de respuesta cuando la demanda cambia. Elegir una propuesta mediante una licitación no libera al Estado de fiscalizar permanentemente su ejecución.
La escena descrita por la vecina plantea una pregunta evidente: ¿por qué circulaban varios buses, casi vacíos, en una dirección, mientras las personas que necesitaban viajar en el sentido contrario debían esperar más de treinta minutos?
Una fotografía aislada no permite concluir técnicamente cuál fue la causa. Podría tratarse de una programación insuficiente, buses fuera de servicio, vehículos dirigiéndose hacia un terminal, una interrupción operacional, un incumplimiento del concesionario o una distribución que no corresponde a la demanda real. Pero precisamente por eso se requiere una investigación concreta del DTPM, utilizando los registros GPS y los antecedentes de operación que posee el sistema.
¿Dónde debe reclamar una persona afectada?
El reclamo debe dirigirse inicialmente a Red Movilidad, porque es su sistema de atención el que recibe y deriva las denuncias sobre frecuencias, tiempos de espera, incumplimiento de recorridos y funcionamiento operacional.
Puede presentarse mediante el formulario oficial de Reclamos y sugerencias de Red Movilidad:
También se puede reclamar a través de los teléfonos 800 73 0073 y 600 730 0073. Además, mediante la aplicación oficial de Red Movilidad es posible revisar la llegada estimada de los buses y las alteraciones vigentes del sistema.
Para que el reclamo resulte útil, conviene incluir:
Fecha y hora exactas.
Número o código del paradero.
Intersección o ubicación precisa.
Número del recorrido esperado.
Sentido del viaje y destino.
Tiempo aproximado de espera.
Patente o número interno de algún bus, cuando corresponda.
Fotografías, videos o capturas de la aplicación.
Número asignado al reclamo, para realizar su seguimiento.
Si no existe una respuesta satisfactoria, el antecedente puede reiterarse ante la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias de la Subsecretaría de Transportes, solicitando formalmente la revisión del programa de operación, los registros de frecuencia y las fiscalizaciones practicadas.
No se trata de reclamar por reclamar. La acumulación de denuncias correctamente individualizadas permite detectar reiteraciones, contrastar la frecuencia programada con la efectivamente realizada y determinar si existe un incumplimiento del operador o una planificación que debe ser modificada.
Una propuesta concreta para Pudahuel
La Municipalidad de Pudahuel podría habilitar un registro comunal de problemas de transporte, sistematizando los reclamos por recorrido, paradero, horario y sector. Con esa información debería solicitar al DTPM una mesa técnica que contemple, al menos:
La revisión de las frecuencias nocturnas en Teniente Cruz, General Bonilla y Serrano.
La identificación de los recorridos y las empresas que operaban durante la franja horaria denunciada.
La entrega y revisión de los registros GPS y de frecuencia correspondientes.
La comparación entre la oferta programada y la efectivamente ejecutada.
La evaluación de la demanda existente en ambos sentidos.
Una fiscalización presencial durante varios días y no solamente en una oportunidad.
La entrega de información pública sobre las medidas correctivas adoptadas.
La fotografía compartida por esta vecina no debe convertirse en una discusión partidista ni en una excusa para culpar a quien no posee la competencia directa. Debe transformarse en evidencia para exigir que cada institución cumpla su función.
El municipio debe representar a sus vecinos. El alcalde debe gestionar y oficiar. Los concejales deben recoger las denuncias, respaldar a la comunidad y fiscalizar las actuaciones municipales. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el DTPM deben revisar la planificación y controlar los contratos. La empresa operadora correspondiente debe cumplir efectivamente el servicio que se le adjudicó.
Porque, al final, las licitaciones, los contratos, las aplicaciones y las cifras de flota sirven de muy poco si una vecina permanece más de treinta minutos durante la noche, viendo pasar buses hacia el lugar equivocado y preguntándose cuándo podrá llegar a su casa.
El transporte público debe medirse desde el paradero y desde la experiencia cotidiana de las personas. Cuando el sistema no llega, el Estado tampoco está llegando.
Columna de Opinión de: Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado, profesor de Derecho, magíster en Educación Universitaria y comunicador social