Ignacio Enrique Alarcón Benavides presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, tras un informe de la Contraloría que reveló millonarias irregularidades cometidas por funcionarios públicos durante licencias médicas.
Pudahuel, Santiago de Chile, 20 de mayo de 2025 – En una acción que marca un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector público, el abogado y vecino de Pudahuel, Ignacio Enrique Alarcón Benavides, presentó este martes, a las 18:04 horas, una querella criminal ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de todos quienes resulten responsables por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de documentos y otros ilícitos conexos.
La querella surge a raíz del explosivo Informe Consolidado N°9/2025, emitido hoy por la Contraloría General de la República, el cual reveló que 25.078 funcionarios públicos o trabajadores financiados con fondos fiscales habrían abandonado el país durante el período de vigencia de sus licencias médicas, afectando gravemente el principio de probidad y provocando un millonario perjuicio al erario nacional. Se detectaron más de 59.500 movimientos migratorios durante 35.585 licencias médicas activas, muchas de ellas autogestionadas o extendidas por los mismos funcionarios.
“Este no es un acto simbólico ni una declaración vacía. Es una acción concreta. Mientras muchos diputados se quedan en discursos, nosotros actuamos en nombre de la ciudadanía, ejerciendo el derecho a exigir responsabilidad penal a quienes abusan del sistema y burlan a todos los chilenos”, declaró el abogado Alarcón Benavides, quien interpuso la acción judicial como ciudadano y profesional del Derecho, invocando el interés colectivo y el deber de fiscalización social.
En la querella se solicitó al tribunal que oficie a entidades como la Contraloría, la Policía de Investigaciones, Fonasa, Isapres, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y otras instituciones, con el fin de individualizar a los funcionarios implicados y determinar con precisión la magnitud del perjuicio fiscal. Además, se solicita la citación a declarar a directivos y médicos certificantes de organismos como JUNJI, Fundación Integra y diversas municipalidades que concentran los casos más graves.
Esta acción se enmarca según el abogado, en una creciente preocupación por los actos de corrupción cometidos desde el interior del aparato estatal, en momentos en que la ciudadanía exige mayor transparencia, responsabilidad y sanciones efectivas para quienes abusan del poder y de los recursos públicos.
“La lucha contra el fraude fiscal no puede quedar solo en manos de quienes legislan o prometen cambios. La ciudadanía también tiene herramientas jurídicas para actuar, y hoy hemos demostrado que sí es posible hacer valer el Estado de Derecho”, concluyó Alarcón.