La abogada que lo defendió prestaba servicios en la misma municipalidad, lo que motivó la presentación de un oficio ante Contraloría General de la Republica.
En agosto de 2024, José Cristian Fuenzalida González, contralor de la Municipalidad de Cerro Navia, se vio involucrado en un accidente de tránsito que afectó a una mujer identificada como Ximena C. S. Según antecedentes del Ministerio Público, no se registraron lesiones graves ni víctimas fatales.
De acuerdo con el parte de la Fiscalía, el funcionario municipal fue formalizado por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol. La defensa fue asumida por la abogada Sandy García de la Huerta, quien, en esa fecha, prestaba servicios jurídicos a la misma municipalidad. La causa fue conocida por el magistrado Daniel Eduardo Aravena Pérez bajo el rol RIT 6671-2-24.
Frente a esta situación, la abogada defensora estaría prestando servicios jurídicos a honorarios para el municipio de Cerro Navia. Según el dictamen N° 2.661, de fecha 2021, se concluyó como jurisprudencia que prestar servicios a un municipio y, de manera paralela, servicios profesionales particulares a un alcalde o funcionario municipal, no resulta conciliable entre sí.
El proceso judicial concluyó con una salida alternativa, luego de que la defensa y la víctima llegaran a un acuerdo reparatorio que incluyó el pago de una compensación económica. Además, el tribunal dictó la suspensión de la licencia de conducir del funcionario por un periodo de dos años, a contar del 31 de agosto de 2024, la que aún se mantiene vigente hasta el año 2026.
Tras conocerse estos hechos, el concejal Sebastián Caicedo presentó un oficio a la Contraloría General de la República. Según consta en el pronunciamiento jurídico N° E68171/2025, cuya fecha de recepción fue 9 de junio de 2025, solicitó un pronunciamiento jurídico sobre la situación de un posible uso de recursos municipales en la defensa de un funcionario en una causa de carácter personal. El concejal también expresó su preocupación por el hecho de que dicha defensa se habría realizado durante el horario laboral.
Cabe recordar que, en 2023, la Contraloría ya había instruido al alcalde de Cerro Navia abstenerse de utilizar abogados municipales para acciones judiciales de carácter particular, tras una denuncia por el uso de estos recursos en una querella contra vecinos de la comuna.
