Trabajadores con años de servicio cuestionan la transparencia de las desvinculaciones y buscan ser reincorporados mediante acciones legales.
Cerro Navia, Santiago de Chile. 26 junio 2026. Un grupo de funcionarios municipales desvinculados presentó acciones judiciales para intentar revertir lo que califican como despidos injustificados. Entre los afectados se encuentran trabajadores con más de 20 años de servicio, algunos de ellos con enfermedades acreditadas y tratamientos médicos vigentes.
La señora Marta Retamal, quien trabajó durante 22 años en el municipio, es una de las funcionarias afectadas. Desde 2004 se desempeñaba como funcionaria de planta. Relató que la notificación de su despido fue informada mediante un correo electrónico que nunca recibió y que posteriormente fue notificada de manera presencial en su lugar de trabajo.
La exfuncionaria comenta que meses antes recibió antecedentes que indicaban que su estado de salud era considerado recuperable. Sin embargo, en marzo fue desvinculada.
“En octubre me llegó del COMPIN que tenía salud recuperable, pero en marzo fui desvinculada”, afirmó.
Los funcionarios afectados aseguran que debieron presentar informes médicos, junto con otros antecedentes, dentro de los plazos establecidos por el municipio, pero cuestionan que dichos documentos no hayan sido revisados en sus casos. También presentaron recursos de reposición, los que finalmente fueron rechazados.
Actualmente, el grupo mantiene acciones judiciales que fueron declaradas admisibles por la Corte, donde esperan obtener una resolución favorable que permita su reincorporación.
Los funcionarios también sostienen que sus desvinculaciones han tenido importantes consecuencias económicas y personales. En algunos casos, explican que los despidos ocurrieron poco tiempo antes de cumplir los requisitos para acceder a beneficios de retiro contemplados para funcionarios públicos.
Entre los funcionarios afectados existen personas con diagnósticos complejos, incluyendo enfermedades oncológicas, tratamientos psiquiátricos y secuelas derivadas de accidentes cerebrovasculares. Los afectados insisten en que sus licencias médicas estaban justificadas y rechazan cualquier comparación con casos irregulares de permisos médicos conocidos a nivel nacional.
Sostienen que las desvinculaciones tienen un impacto especialmente grave en quienes se encuentran próximos a jubilar. Según explican, muchos esperaban acceder a beneficios de retiro complementario para los trabajadores públicos. La pérdida del empleo no solo afecta sus ingresos actuales, sino también su planificación económica futura y la posibilidad de acceder a incentivos asociados al término de su vida laboral.
También aseguran haber recibido apoyo principalmente por parte de su asociación gremial, la que les proporcionó asesoría jurídica para enfrentar el proceso. Asimismo, denuncian la falta de respuesta y transparencia por parte del municipio y señalan que continuarán esperando una explicación clara y detallada sobre los criterios utilizados en sus desvinculaciones.
Mientras avanza este caso, los afectados mantienen la esperanza de regresar a sus puestos de trabajo, pero reconocen que el proceso podría extenderse durante meses o incluso años, generando incertidumbre laboral y económica para quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio municipal.
Los representantes de los funcionarios afectados cuestionan el procedimiento administrativo utilizado por el municipio para declarar las vacantes de diversos cargos, argumentando que no se consideraron adecuadamente las características de cada caso.
Según señalan, antes de concretarse estos despidos solicitaron a la administración municipal que evaluara individualmente la situación de cada funcionario afectado, especialmente de aquellos que enfrentan problemas de salud graves, como accidentes cerebrovasculares, afecciones cardíacas, entre otras patologías que requieren períodos prolongados de licencia médica.
Asimismo, sostienen que existe una aparente contradicción en la aplicación de los criterios por parte de la administración, ya que funcionarios con diagnósticos similares recibieron tratamientos distintos: algunos fueron reincorporados a sus labores, mientras que otros fueron desvinculados mediante la declaración de vacancia de sus cargos.
“Hubo trabajadores que tuvieron diagnósticos complejos, recibieron tratamiento y posteriormente volvieron a desempeñar sus funciones. Lo que pedimos fue que se evaluara cada caso en particular”, comentó Helen Williams, presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Cerro Navia y vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales.
Entre los casos mencionan el de un conductor municipal que, tras sufrir un accidente cerebrovascular, completó su tratamiento médico y renovó su licencia de conducir para regresar a sus funciones. Pese a ello, posteriormente fue incluido en el proceso de desvinculaciones.
La asociación AFUNCENAVI sostiene, además, que algunos trabajadores acumulaban varios meses de reincorporación efectiva a sus labores antes de que se declarara la vacancia de sus cargos, situación que consideran contradictoria con los fundamentos utilizados para justificar las desvinculaciones.
A su vez, existe una diferencia de varios meses entre las resoluciones emitidas por el COMPIN, el procedimiento municipal y las notificaciones realizadas a los trabajadores. A juicio de la asociación, esta situación solo provocó confusión e incertidumbre entre quienes debieron presentar antecedentes o formular descargos.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la asociación de funcionarios apunta a la falta de uniformidad en los criterios utilizados para resolver los casos.
Finalmente, los funcionarios sostienen que no han recibido respuestas claras por parte de la municipalidad y acusan falta de diálogo por parte de las autoridades. En consecuencia, mantienen su demanda de reincorporación y esperan que la justicia revise los antecedentes y determine si el proceso aplicado se ajustó o no a la normativa vigente.
Por Katrina Montenegro. (UBO)