La tragedia de Isidora y la responsabilidad que Chile no puede seguir ignorando
La muerte de Isidora, una niña de apenas 2 años y 7 meses, ha golpeado profundamente no solo a la comuna de Pudahuel, sino también a toda la sociedad chilena. No existe explicación jurídica ni humana capaz de aliviar el dolor de una madre, de unos abuelos y de una comunidad completa que hoy despiden a una menor cuya vida terminó de la manera más brutal y desgarradora: cayendo desde el piso 11 de un edificio mientras se encontraba bajo el cuidado de su propio padre, en el contexto de una visita autorizada judicialmente.
Como abogado, padre y ciudadano, creo que este caso obliga a realizar una reflexión seria y profunda sobre la protección efectiva de los niños en Chile y sobre las enormes falencias que aún existen en materia de responsabilidad parental, prevención de riesgos y evaluación judicial de contextos familiares.
La justicia de familia tiene una misión extremadamente delicada: resguardar el interés superior del niño. Sin embargo, muchas veces los tribunales se ven enfrentados a decisiones complejas donde deben equilibrar el derecho de los padres a mantener vínculo con sus hijos y el deber de garantizar la seguridad física y emocional de los menores. Esa tarea no puede transformarse en una simple formalidad administrativa.
Hoy la Fiscalía investiga si existían condiciones adecuadas de seguridad en el departamento donde ocurrió esta tragedia. Se habla de ventanas sin mallas de protección, de una eventual reunión con consumo de alcohol y de circunstancias que todavía deben esclarecerse. Pero más allá de las responsabilidades penales que eventualmente puedan establecerse, existe una pregunta que como sociedad debemos hacernos: ¿estamos realmente protegiendo a nuestros niños de manera preventiva o seguimos reaccionando solamente cuando ya es demasiado tarde?
En Chile, lamentablemente, seguimos normalizando riesgos evidentes. Miles de departamentos en altura carecen de medidas básicas de seguridad para niños pequeños. Las mallas de protección deberían dejar de verse como un lujo opcional y transformarse en una obligación mínima en hogares donde habitan menores de edad. La prevención salva vidas, y este caso lo demuestra de la manera más dolorosa posible.
Pero también debemos hablar del rol de los adultos. El cuidado de un niño pequeño exige vigilancia permanente. Un menor de dos años no dimensiona el peligro, no comprende el vacío, no entiende la muerte. Depende absolutamente de quienes tienen el deber legal y moral de protegerlo. Por eso, cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, no basta con hablar de “accidente” sin analizar rigurosamente si existió negligencia, imprudencia o incumplimiento de deberes básicos de cuidado.
La muerte de Isidora no puede quedar reducida a una noticia policial más. Debe transformarse en un llamado urgente a revisar protocolos judiciales, estándares de seguridad en viviendas y mecanismos de protección infantil. Porque cuando un niño muere en circunstancias evitables, el fracaso no es solo individual: también es institucional y social.
Hoy una familia de Pudahuel llora a una niña que jamás debió morir así. Y mientras la investigación continúa y los tribunales determinan responsabilidades, lo mínimo que corresponde como sociedad es aprender de esta tragedia para que ninguna otra familia vuelva a vivir un dolor semejante.
Descansa en paz, Isidora.
Columna de Opinión de: Ignacio Enrique Alarcón Benavides, abogado y profesor de derecho.
El Estado no es el Padre de todos los habitantes der un páís, tampoco puede estar sobre todas las personas diciendole como deben de hacer su vida, lo que es bueno y lo que es malo, las personas también tienen capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. El Estado no limita a las personas en su sentido común, sólo le restrinje o prohibe acciones que pueden afectar a toda lo sociedad.