La nueva Ley de Seguridad Municipal, aprobada por el Congreso, refuerza las atribuciones preventivas y administrativas de los municipios, mejora la coordinación con las policías y establece un marco legal común para todas las comunas del país. Su aplicación dependerá de un reglamento actualmente en elaboración.
Pudahuel / Cerro Navia, Santiago de Chile. 1 de enero de 2026. En un contexto de creciente preocupación ciudadana por la seguridad, una nueva ley aprobada recientemente por el Congreso fortalece el rol de los municipios en la prevención del delito y la gestión del orden público comunal, entregando mayor respaldo legal y herramientas de coordinación institucional. Su impacto será especialmente relevante en comunas como Pudahuel y Cerro Navia, donde la seguridad barrial es una demanda permanente de vecinos y organizaciones sociales.
La normativa reconoce formalmente una labor que los municipios han desarrollado por años en materia preventiva, precisando funciones, competencias y límites de actuación, sin reemplazar en ningún caso las atribuciones exclusivas de Carabineros de Chile ni de la Policía de Investigaciones.
Más atribuciones y respaldo jurídico
Uno de los principales avances de esta legislación es la creación de un marco jurídico claro y común para los equipos de seguridad municipal. La ley define atribuciones y límites, permitiendo patrullajes preventivos, fiscalización administrativa en espacios públicos, apoyo inicial y derivación de víctimas, además de una coordinación protocolizada con las policías.
En comunas con alta densidad poblacional y desafíos sociales complejos, como Pudahuel y Cerro Navia, la normativa permite desarrollar planes comunales de seguridad ajustados a la realidad territorial, con participación vecinal, sin trasladar a los municipios funciones propias del ámbito penal.
Asimismo, se regula la figura del inspector de seguridad municipal, estableciendo requisitos, capacitación obligatoria y mayor protección legal frente a agresiones, una demanda histórica de asociaciones de funcionarios municipales.
Prevención como eje central
A diferencia de enfoques centrados exclusivamente en la reacción ante el delito, la ley pone el acento en la prevención temprana y territorial. Se promueven acciones en barrios, plazas, ferias libres y espacios comunitarios, orientadas a anticipar hechos delictuales, mejorar la percepción de seguridad y recuperar el uso del espacio público.
En este marco, se refuerza el rol de juntas de vecinos, comités de seguridad y organizaciones territoriales en el diseño, implementación y evaluación de estrategias preventivas a nivel comunal, fortaleciendo la relación entre municipios y comunidad, sin otorgarles atribuciones policiales ni sancionatorias.
Mayor coordinación institucional
La normativa impulsa una coordinación más estrecha entre municipios, Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y la Subsecretaría de Prevención del Delito, permitiendo el intercambio de información, la planificación de acciones conjuntas y la definición de protocolos comunes.
Para comunas con recursos limitados, especialmente del sector poniente de la Región Metropolitana, esta coordinación resulta clave para optimizar capacidades existentes, sin desdibujar el rol del Estado central en materia de persecución penal.
Una ley de alcance nacional
Aunque el impacto local en Pudahuel y Cerro Navia es significativo, la ley beneficia a todas las municipalidades del país, desde grandes ciudades hasta comunas rurales. Establece un estándar común en seguridad municipal y contribuye a reducir desigualdades en el acceso a herramientas, capacitación y respaldo legal.
La normativa asume que la seguridad no es solo un problema policial, sino también un desafío social, territorial y comunitario, donde los gobiernos locales cumplen un rol fundamental por su cercanía con los vecinos.
Vigencia y rol del reglamento
La Ley de Seguridad Municipal entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial, tras su despacho por el Congreso en diciembre de 2025. Sin embargo, varias de sus nuevas atribuciones quedarán sujetas a un reglamento que actualmente elabora el Ejecutivo, el cual será determinante para su aplicación práctica.
Este reglamento definirá la capacitación del personal, los protocolos de patrullaje, el uso de equipamiento, los límites de intervención, la fiscalización administrativa, el apoyo y derivación de víctimas, y los mecanismos formales de coordinación con las policías. Desde el ámbito municipal se ha subrayado que este instrumento será clave para evitar improvisaciones y garantizar una implementación responsable, con apego a la ley, respeto a los derechos fundamentales y adecuados mecanismos de control ciudadano.
Más atribuciones, con límites claros
La ley no convierte a los municipios en policías ni reemplaza a las fuerzas de orden y seguridad. Fortalece su rol preventivo y administrativo, permitiendo patrullajes municipales, fiscalización conforme a ordenanzas vigentes, apoyo inicial y derivación de víctimas en situaciones de flagrancia, incautación de comercio ilegal dentro de competencias administrativas, gestión de sistemas de televigilancia y colaboración en operativos conjuntos, siempre bajo protocolos previamente definidos.
El desafío, especialmente en comunas como Pudahuel y Cerro Navia, será traducir este nuevo marco legal en acciones concretas, transparentes y evaluables, que mejoren efectivamente la seguridad y la calidad de vida de las personas, sin caer en excesos ni en una militarización del espacio público.
Equipo de prensa de Diario Tropezón.