Esta semana, las puertas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) permanecen cerradas por un paro nacional indefinido de sus funcionarios. Muchos lo ven como una noticia más, pero quienes hemos estado dentro de esas oficinas –y aún más quienes alguna vez hemos necesitado de su ayuda– sabemos lo que significa: que miles de personas quedan sin su derecho a ser defendidas, sin orientación legal, sin alguien que escuche y actúe.
Vecinas y vecinos de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Quilicura, Tiltil y también mi querida comuna de Pudahuel se ven directamente afectados. Porque para muchas personas, la CAJ no es una opción más: es la única vía para hacer valer sus derechos frente a los abusos, la violencia o la injusticia. Sin embargo, en Pudahuel ni siquiera contamos con una oficina propia. Nuestros vecinos deben trasladarse a la comuna de Lo Prado para ser atendidos, lo que en muchas ocasiones significa un gasto adicional de tiempo y dinero que no todos pueden asumir.
Yo hice mi práctica profesional como egresado de Derecho en la CAJ de Lo Prado. Fui testigo directo de las múltiples falencias que enfrentan día a día los funcionarios y usuarios. Oficinas con infraestructura deficiente, largas filas, esperas interminables, y abogados que, con enorme vocación, lidian con una carga laboral desbordada y condiciones poco dignas para ejercer una labor tan esencial como lo es la defensa jurídica gratuita.
Y lo más grave: un sistema que desde hace años depende de la entrega y vocación de estudiantes en práctica, como lo fui yo en antaño, durante mi paso por la CAJ de Lo Prado. Jóvenes con ganas de servir, pero que no pueden –ni deben– ser la base de un modelo de atención masiva. Hoy el sistema está al borde del colapso, y el actual paro es apenas la punta del iceberg. Las demandas por condiciones laborales justas, equiparación de sueldos y dotaciones adecuadas no sólo son legítimas, sino urgentes.
He recorrido y escuchado a muchas personas del Distrito 8. Sé que las necesidades legales no pueden esperar. Que hay madres que necesitan exigir alimentos para sus hijos, adultos mayores que requieren ayuda para defender sus pensiones, trabajadores que enfrentan despidos injustificados, víctimas que esperan justicia. El acceso a la justicia no puede ser un lujo, debe ser un derecho garantizado por el Estado con recursos humanos, técnicos y materiales suficientes.
Por eso, si en algún momento la vida me brinda la oportunidad de representar a este territorio en el Congreso, tengan la certeza de que una de mis prioridades será legislar para fortalecer la justicia gratuita, desde la experiencia real y cercana que viví desde dentro. Porque no se puede mejorar lo que no se conoce, y yo sí lo conozco. Lo viví, lo sentí, y lo sigo viendo a diario.
No podemos permitir que la justicia sea para algunos y no para todos. Hoy más que nunca, necesitamos voluntad política y compromiso real con las personas. Porque cuando el acceso a la justicia se suspende, lo que realmente se suspende es la igualdad.
Por Ignacio Enrique Alarcón Benavides –
Abogado – Profesor de Karate-Do – Comunicador Social – Vecino de Pudahuel – Exfuncionario en práctica de la CAJ Lo Prado