La desvinculación del exfuncionario volvió al centro de la discusión en el Concejo Municipal, luego de que el concejal David Urbina acusara motivaciones políticas en la decisión y cuestionara el pago que deberá realizar el municipio tras una sentencia judicial firme. El alcalde Mauro Tamayo rechazó esa interpretación y defendió que se trataba de un cargo de confianza.
Cerro Navia Santiago de Chile. 7 de julio 2026. La sesión N.ª 55 del Concejo Municipal de Cerro Navia, realizada el 17 de junio, estuvo marcada por el debate generado en torno al caso del exfuncionario Juan Antonio Bermúdez Riquelme, cuya desvinculación terminó en un proceso judicial que obligará a la Municipalidad de Cerro Navia a pagar más de $14,1 millones, además de reajustes e intereses establecidos por la ley.
El concejal David Urbina cuestionó públicamente la decisión adoptada por la administración municipal y sostuvo que el despido de Bermúdez respondió a razones políticas, planteamiento que fue rechazado por el alcalde Mauro Tamayo.
Durante la sesión, Urbina criticó que los recursos municipales deban destinarse al pago de una condena judicial.
“Con los recursos de todos los vecinos tiene que indemnizar ahora con 14 millones”, señaló el concejal, aludiendo al costo económico del proceso.
En el debate también intervino el concejal Sebastián Caiceo, quien afirmó que existiría un ambiente de temor entre funcionarios y dirigentes sociales dentro del municipio.
“Es un secreto a voces”, sostuvo Caiceo, señalando que algunas personas evitarían acercarse a concejales de oposición por temor a eventuales represalias.
La respuesta del alcalde
El alcalde Mauro Tamayo rechazó que la desvinculación de Bermúdez haya sido una represalia política.
Según explicó durante la sesión, el exfuncionario ocupaba un cargo de exclusiva confianza vinculado a un proyecto político que, a su juicio, dejó de representar cuando David Urbina pasó a integrar la oposición.
Tamayo sostuvo que la decisión respondió a criterios relacionados con la naturaleza del cargo y no a una persecución por razones políticas.
El origen del conflicto
El caso se remonta a abril de 2024, cuando el concejal David Urbina presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República por una actividad municipal realizada en el Cajón del Maipo, donde funcionarios participaron en una jornada de rafting financiada con recursos públicos.
Semanas después de esa denuncia, Juan Antonio Bermúdez fue desvinculado de la Municipalidad de Cerro Navia.
El exfuncionario, quien había prestado servicios durante más de cinco años bajo contratos a honorarios, recurrió a la justicia laboral argumentando que, en los hechos, existía una relación laboral permanente con el municipio.
La demanda incluyó acciones por reconocimiento de relación laboral, tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, cobro de indemnizaciones y otras prestaciones laborales.
La sentencia laboral
El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió parcialmente la demanda mediante sentencia dictada el 6 de junio de 2025, en la causa RIT T-1631-2024 y RUC 24-4-0583320-0.
El tribunal determinó que, pese a la modalidad de contratación a honorarios, existía una relación laboral al acreditarse elementos de subordinación y dependencia, además del desarrollo de funciones permanentes dentro de la administración municipal.
La sentencia condenó a la Municipalidad de Cerro Navia al pago de:
- $13.420.400 por concepto de indemnizaciones laborales.
- $698.979 por compensación de 25 días de feriado legal.
En total, la condena supera los $14,1 millones, monto que además deberá reajustarse y generar intereses conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.
El recorrido judicial hasta la Corte Suprema
Tras la sentencia de primera instancia, la Municipalidad de Cerro Navia presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rechazado mediante resolución del 18 de diciembre de 2025.
Posteriormente, el municipio recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso de unificación de jurisprudencia.
Sin embargo, el 15 de abril de 2026, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en la causa Rol N.º 7.877-2026, declaró inadmisible dicho recurso.
Con esta decisión, el máximo tribunal no revisó el fondo del conflicto, sino que determinó que la presentación no cumplía los requisitos legales para ser analizada. De esta manera, quedó firme la sentencia dictada por los tribunales laborales.
Un caso que vuelve a abrir el debate municipal
El caso Bermúdez se suma a otras controversias laborales que han involucrado a la Municipalidad de Cerro Navia. En sesiones anteriores, el Concejo Municipal aprobó acuerdos extrajudiciales por más de 200 millones de pesos para poner término a diversas demandas laborales.
La resolución judicial vuelve a instalar el debate sobre las decisiones de desvinculación dentro del municipio, el uso de contratos a honorarios para funciones permanentes y el impacto económico que las condenas laborales pueden tener sobre recursos públicos financiados por la comunidad.
Más allá de la controversia política entre concejales y la administración municipal, el caso Bermúdez quedó establecido como un antecedente judicial que obliga a revisar los criterios utilizados en la contratación y término de relaciones laborales dentro del ámbito municipal.