Columna de Opinión.
En el ejercicio del Derecho, una de las primeras lecciones que se aprenden es distinguir entre lo esencial y lo accesorio. No es una cuestión menor: de esa capacidad depende muchas veces la justicia de una decisión. Lamentablemente, en el debate político actual, esa distinción parece haberse desdibujado peligrosamente.
La reciente ofensiva comunicacional del diputado Daniel Manouchehri —representante del Distrito 5 de la Región de Coquimbo— constituye un ejemplo claro de esta desviación. Bajo el pretexto de la fiscalización, ha optado por instalar una polémica en torno a un almuerzo realizado en el Palacio de La Moneda, reduciendo el debate público a aspectos que, en rigor, carecen de toda relevancia frente a los desafíos que enfrenta el país.
Y es aquí donde corresponde hacer una precisión que no es menor.
Durante años, Chile ha sido testigo de cómo distintas administraciones han incurrido en gastos significativos asociados a residencias presidenciales externas: arriendos de alto costo, despliegues de seguridad duplicados, logística permanente de traslado y un conjunto de recursos públicos que, en su conjunto, representan cifras millonarias para el Estado. No se trata de una crítica ideológica, sino de un hecho objetivo.
El propio gobierno del ex Presidente Gabriel Boric no estuvo ajeno a esta realidad. La mantención de una residencia privada implicó costos asociados que van mucho más allá del simple arriendo: equipos de seguridad, transporte, adecuaciones estructurales, entre otros. Todo ello financiado, directa o indirectamente, con recursos públicos.
Frente a ese contexto, la decisión del Presidente José Antonio Kast de habitar el Palacio de La Moneda —utilizándolo como residencia oficial— no solo aparece como razonable, sino como coherente con un principio básico de responsabilidad fiscal: evitar gastos innecesarios al Estado.
Y, sin embargo, lo que se pone en tela de juicio no es ese ahorro.
Lo que se cuestiona es que, en el ejercicio legítimo de su residencia, el Presidente reciba a personas de su círculo cercano en una actividad privada, financiada con recursos propios. Es decir, se pretende transformar un acto humano, cotidiano y absolutamente legítimo en una supuesta controversia pública.
Desde una perspectiva jurídica y ética, la crítica no se sostiene.
Pero desde una perspectiva política, sí revela algo más profundo: la incapacidad de ciertos sectores para conectar con las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía.
Porque mientras se discute sobre protocolos de servicio en una mesa, el país enfrenta una crisis de seguridad que afecta directamente la vida de millones de chilenos. Mientras se revisan detalles menores de un encuentro privado, el crimen organizado sigue avanzando, las familias viven con temor y el Estado enfrenta serias dificultades para recuperar el control en determinados territorios.
Y es en ese contraste donde la crítica del diputado Manouchehri se vuelve no solo débil, sino francamente desproporcionada.
Desde Renovación Nacional —como partido de centro-derecha que entiende la importancia de la estabilidad institucional— creemos en una oposición responsable, pero también en la necesidad de colaborar cuando las decisiones van en la dirección correcta. La eficiencia en el uso de los recursos públicos no puede ser relativizada por consideraciones menores ni por polémicas de corto alcance.
Como abogado y profesor de Derecho, sostengo que la fiscalización es esencial en una democracia. Pero también lo es su correcto ejercicio. Fiscalizar no es buscar polémicas; es velar por el correcto uso del poder y los recursos del Estado.
Y en este caso, lo que se observa es exactamente lo contrario: una fiscalización desviada, centrada en lo accesorio y carente de proporcionalidad.
Como presidente electo de Renovación Nacional en la comuna de Pudahuel, tengo la convicción de que la política debe recuperar su sentido de realidad. Debe volver a enfocarse en lo que verdaderamente importa: seguridad, desarrollo, bienestar y dignidad para las personas.
Porque mientras algunos insisten en discutir sobre una mesa, Chile espera decisiones firmes para recuperar el orden.
Y esa es una tarea que no admite distracciones.
Por Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado, profesor de Derecho y presidente electo de la directiva comunal de Renovación Nacional en Pudahuel