
Bienvenida Cárdenas denunció que personal municipal le impidió participar en una reunión territorial debido a una suspensión establecida en el Decreto Alcaldicio N.º 915. El caso abrió un debate sobre participación ciudadana, legalidad administrativa y atribuciones municipales.
Pudahuel, Santiago de Chile. 12 junio 2026. Una controversia se ha generado en la comuna de Pudahuel luego de que la dirigenta social Bienvenida Cárdenas denunciara que se le impidió participar en una Mesa Territorial debido a una medida contenida en el Decreto Alcaldicio N.º 915 de la Municipalidad.
Según relató durante una entrevista en Radio Espacio Latino el pasado 10 de junio, al intentar ingresar a una reunión territorial fue informada por personal municipal de que no podía participar mientras estuviera vigente la suspensión establecida en el decreto firmado por el alcalde Ítalo Bravo Lizana.
La dirigenta cuestionó los fundamentos de la decisión y manifestó su desacuerdo con la medida, señalando que afecta su derecho a participar en una instancia comunitaria de la comuna.
Cárdenas es presidenta de una junta de vecinos, integrante del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) y ex presidenta comunal de Renovación Nacional en Pudahuel.
Decreto suspende participación de la dirigenta
El Decreto Alcaldicio N.º 915 fue emitido el 28 de mayo de 2026 y establece la suspensión temporal de la participación de Bienvenida Cárdenas en las Mesas Territoriales mientras se recopilan antecedentes relacionados con denuncias formuladas por dirigentes vecinales del territorio 5.
El documento dispone que la dirigenta no podrá participar en estas instancias mientras permanezca vigente la medida, la cual es definida por el municipio como preventiva.
Asimismo, establece la notificación formal de la afectada para que pueda ejercer los recursos administrativos contemplados en la legislación vigente.
Denuncias que dieron origen a la medida
De acuerdo con el decreto, la decisión se fundamenta en correos electrónicos enviados el 27 de mayo de 2026 por dirigentes sociales que participan en la Mesa Territorial N.º 5.
Entre los firmantes figuran representantes de las juntas de vecinos Los Pinos, Santa Corina Central N.º 2, Los Canelos, Pueblo Antiguo Las Barrancas y Rapa Nui.
Según los antecedentes citados por el municipio, los denunciantes atribuyen a la dirigenta un supuesto “constante e inapropiado comportamiento” durante las reuniones, incluyendo interrupciones reiteradas y conductas que habrían dificultado el normal desarrollo de los encuentros.
La Municipalidad sostiene en el decreto que estos hechos serían incompatibles con los principios de respeto, diálogo y convivencia establecidos en la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana.
Reacciones tras conocerse el decreto
Durante la misma entrevista radial, el concejal y exalcalde de Pudahuel durante 28 años, Johnny Carrasco, se refirió a la medida adoptada por el municipio.
El edil señaló que, desde su punto de vista, la medida sería ilegal y agregó que “jamás se le habría ocurrido hacer algo así”, en referencia a la suspensión de la participación de una dirigenta mediante decreto.
Carrasco también mencionó la existencia de un informe jurídico elaborado respecto de la legalidad del Decreto Alcaldicio N.º 915, antecedente que —según indicó— fue revisado junto al vicepresidente del COSOC, Walter González.
Según la conclusión de dicho informe jurídico preliminar, existirían fundamentos para solicitar a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la legalidad del decreto, al estimar que la medida podría restringir el derecho de participación ciudadana y presentar eventuales deficiencias en el procedimiento administrativo aplicado.
El exalcalde sostuvo además que, aun cuando pudieran existir diferencias o conflictos durante algunas reuniones, este tipo de situaciones debieran abordarse mediante mecanismos de diálogo y mediación antes que mediante medidas de exclusión en espacios de participación ciudadana.
Solicitud de antecedentes
Tras conocerse la medida, el presidente comunal de Renovación Nacional en Pudahuel, Ignacio Enrique Alarcón Benavides, presentó un requerimiento formal dirigido al alcalde Ítalo Bravo.
En el documento solicita acceso a los antecedentes administrativos que dieron origen al decreto, los fundamentos jurídicos de la decisión y la revisión del acto administrativo, requiriendo su eventual invalidación si se determina que no se ajusta a derecho.
Debate sobre participación ciudadana
El caso ha abierto un debate sobre las atribuciones de los municipios para regular la participación en instancias comunitarias, el debido proceso administrativo y los límites de las medidas preventivas aplicadas en espacios de participación ciudadana.
Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad de Pudahuel no había entregado una respuesta pública al requerimiento de antecedentes presentado por Renovación Nacional.
El caso continúa en desarrollo y podría registrar nuevas actuaciones administrativas o eventuales presentaciones ante organismos fiscalizadores en las próximas semanas.
Por: Equipo de Prensa Diario Tropezón

Más allá de hacer las quejas a través de RRSS, si se cree que estos decretos no son correctos, se debe realizar las denuncias donde y como corresponda, esto es en Contaloría y Tribunal electoral.
Para el municipio cuando le conviene las organizaciones sociales son autonomas o les pone el pie encima cuando tienen diferencia con algún dirigente.