El presidente de la Cooperativa Transportes Unidos de Chile afirmó que la decisión de la Contraloría respalda las advertencias realizadas por los gremios respecto de los riesgos que implicaban las modificaciones al Reglamento 212 del transporte menor de pasajeros.
Pudahuel, Santiago de Chile. 12 de junio 2026. La decisión de la Contraloría General de la República de rechazar el Decreto N.º 94 de 2026 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fue valorada por Manuel Bernales, dirigente del transporte menor y vecino de Pudahuel, quien destacó que el organismo fiscalizador concluyó que no existían antecedentes técnicos suficientes para justificar los cambios propuestos al Reglamento 212.
Mediante el Oficio N.º OF110217/2026, de fecha 10 de junio de 2026, firmado por la contralora general Dorothy Pérez Gutiérrez, el organismo representó el decreto ministerial, es decir, rechazó su tramitación y se negó a tomar razón del documento en su forma actual, argumentando que las modificaciones propuestas carecían de fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos que justificaran su adopción.
El decreto buscaba modificar aspectos relacionados con la cilindrada y otros requisitos aplicables al transporte menor de pasajeros. Entre las materias observadas por la Contraloría se encontraban cambios a la antigüedad máxima de operación de los vehículos, la antigüedad mínima para su primera inscripción y la cilindrada mínima exigida para prestar servicios de taxi.
En su pronunciamiento, la Contraloría señaló que el acto administrativo “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi”, advirtiendo además que no se justificó técnicamente la rebaja de dichos requisitos ni las razones por las cuales la propuesta no fue sometida a consulta pública.
Asimismo, el organismo fiscalizador sostuvo que las modificaciones propuestas “rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe”, por lo que enfatizó que cualquier disminución de exigencias debe estar debidamente fundada en antecedentes fácticos, técnicos y jurídicos acreditados. La Contraloría también advirtió que estos cambios podrían incidir directamente en los estándares exigibles a otros servicios de transporte regulados por la Ley N.º 21.553 sobre Empresas de Aplicación de Transportes.
Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa Transportes Unidos de Chile y dirigente gremial del sector, señaló que la resolución confirma las observaciones que diversas organizaciones habían planteado durante la discusión de la normativa.
“Esto confirma lo que hemos sostenido en cada instancia: no se puede legislar ni reglamentar a costa de la seguridad de conductores y pasajeros. El ministro no pudo demostrar con datos que los vehículos pequeños son seguros”, sostuvo Bernales.
El dirigente agregó que, durante esta semana, junto a Patricio Artigas, expuso ante la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que presentó antecedentes relacionados con el reglamento y la aplicación de la Ley de Plataformas Digitales de Transporte.
Según explicó, los gremios han insistido en la necesidad de contar con una regulación que garantice condiciones adecuadas tanto para los trabajadores como para los usuarios del transporte menor.
Desde la Cooperativa Transportes Unidos de Chile reiteraron su disposición a participar en instancias de diálogo con las autoridades, pero enfatizaron que cualquier modificación normativa debe sustentarse en estudios técnicos, evidencia comprobable y procesos transparentes de participación ciudadana.
“Hacemos un llamado al Ministerio a abrir una mesa de trabajo real con los gremios. También esperamos sumar fuerzas con todos los sectores del transporte menor para construir propuestas que resguarden la seguridad y el trabajo de miles de conductores”, concluyó Bernales.
La decisión de la Contraloría representa un respaldo a las inquietudes planteadas por organizaciones del transporte menor a nivel nacional. En el mismo oficio, el organismo recordó que los actos administrativos deben estar debidamente motivados y sustentados en fundamentos racionales, conforme a los principios de juridicidad establecidos en la Ley N.º 19.880, con el fin de evitar decisiones que puedan considerarse arbitrarias o carentes de justificación suficiente.
El transporte público de pasajero, terrestre, está monopolizado por el Estado, y éste los delega a particulares a través de licitaciones y concesiones, Tren, Metro, Transantiago, RED, TAXIS, esto también ocurre en regiones. Algo que no ocurre en otros países
Pero siempre regulando el sistema de transporte, condiciones técnicas, personal, tarifas, recorrido, zonas de operación, etc.
TAXIS
En Chile existen 4 modalidades de taxis, derivados del taxi básico, negro amarillo. Estos son Taxi básico negro amarillo, Ejecutivos; color con patente naranja letras negras, Colectivo; negro, en provincias amarillo completo, amarillo con letras negras, y Ejecutivo, azules con patente naranja con letras blancas.
En la RM, la inscripción está cerrada por decreto, para regular la cantidad de taxis, justificándose en cada periodo la continuación del cierre de inscripción, esta también se puede abrir por decreto justificándose su apertura.
Inicialmente había dos formas de solicitar este medio de transporte, a través de señas en la vía pública y telefono a una central de taxis, radiotaxis.
APLICACIONES
Estas llegaron a Chile para dar un servicio de alto estándar, autos más amplios, alta gama, conductores profesionales empadronados, sin antecedentes judiciales, etc.
Las APP que llegaron inicialmente empezaron su operación con taxis regulados, Dec 212, Easy taxi, Safertaxi, Cbify.
En el caso de Uber esta que operaba en otros países donde los taxis no estaban regulados, comenzó a integrar autos particulares, cayendo en ilegalidades al no cumplir el dec 212, del transporte renumerado de pasajeros.
En Chile se masificó como una moda y una entrada remunerar adicional para algunas personas, en la cual participaron profesionales, actores, periodistas, y otros personajes públicos.
Por influencia de estas personas, y interés de la APP, se empezó a realizar lobby para legalizar esta actividad.
Empezó la inmigración masiva de extranjeros indocumentados que vieron en esta actividad una forma de generar ingresos, choferes sin licencias, sin identificación, entraron a la app. El estado no realizó mayor fiscalización, para que estas personas pudieran generar ingresos propios y que el Estado no tuviera que hacer cargo de esta anomalidad y destinar recursos para mantener a esas familias.
Llegó la Pandemia, y el Congreso autorizó sacar dinero de las AFP, que fueron invertidos por muchos en comprar vehículos y trabajar con la app Uber.
Congreso
Con el lobby que empezó hacer Uber, el Congreso puso el tema en agenda, muchos congresistas apoyaron la iniciativa, desconociendo la regulación del transporte en Chile, aduciendo la falta de taxis, seguridad, por la inversión que habían hechos las personas y la posible pérdida de ingresos para las familias de los socios conductores, y que ellos los congresistas tenían familiares directos y amigos que trabajan con la APP Uber.
Esta iniciativa también fue apoyada por algunos taxistas que desconocían el tema y que quisieron resguardar sus propios intereses, ya que contaban con una cantidad de taxis considerables y hacían negocios al vender los derechos de taxis, eran los mismos que se oponían a abrir la inscripción de nuevos taxis.
Comercio ambulante
El comercio en Chile está regulado, el comercio ilegal (tordos azules), es perseguido por todas las administraciones, Estado, municipios, y su mercadería requisada y destruida, aunque detrás de estas personas también hay familias, hay inversiones, personas que es su único ingreso y que también aumenta los puestos de trabajo. ¿Por igualdad ante la ley legalizar esta actividad y hacerle una ley especial para que puedan ejercer esta actividad y trabajen en armonía con el comercio formal?
Cual es la diferencia entre estas dos actividades ilegales?: Los Usuarios
Autoridades y sus familiares, personajes públicos, artistas, cantantes, actores, profesionales, son conductores para esta aplicación y además también son usuarios, pero, estas personas no son comerciantes ilegales, y tampoco compran en estos lugares
Conclusión
Las aplicaciones son necesarias y van de acuerdo a la modernidad, dan seguridad y comodidad, facilidad a sus usuarios todas son legales, pasan a la ilegalidad cuando ofrecen un servicio o producto ilegal (drogas ilícitas) o que tienen ciertas restricciones para su comercialización, ejemplo , bebidas alcohólicas y remedios.
Esto al haber una mayor información por los congresistas y voluntad por parte del Ministerio de transporte, se hubiese superado esta situación:
NINGÚN ministro en ejercicio dijo en su oportunidad que este servicio era ilegal, al contrario, reconocían que sus familias usaban este servicio por seguridad. Seguridad que ellos no le daban a la ciudadanía, al no hacer una efectiva fiscalización adecuada y sanciones más firmes, como terminar la licitación, eliminar los derechos a los taxistas que cometían una irregularidad grave en función de su actividad.
No hubo intenciones de abrir el parque para inscripciones de nuevos taxis para suprimir la falta de taxis.
El gobierno luchaba con las actividades comerciales ilegales, toldos azules, y por otro lado quería legalizar una actividad comercial de transporte ilegal. ¿Cuál sería la diferencia de estas dos actividades ilegales?
Las dos las personas hicieron inversiones para su negocio
Al comercio los perseguían y requisaban y/o destruían su inversión
Con las APP solidarizaban y pedían una ley
Las dos actividades no respetaban a su competencia regulada
En las APP, hay personajes públicos y profesionales haciendo esa actividad ilegal
En el comercio ilegal, hay personas con poca formación y de pocos recursos
Si se realiza una ley para regular una actividad ilegal, porque no se hace lo mismo con la otra.
Con toda la legislación existente en Chile, no es necesario una nueva ley de transporte, con lo que se cuenta con voluntad y profesionalismo de las autoridades se puede realizar la actividad con el estándar que requieren los usuarios.