Una sesión del Concejo Municipal derivó en una acción judicial sobreseída, cuya apelación a la Corte de Apelaciones, mantiene abierto el debate sobre fiscalización y protección de la honra.
Pudahuel, Santiago de Chile, 27 de marzo de 2026. Una controversia surgida al interior del Concejo Municipal de Pudahuel escaló al ámbito judicial, instalando un debate que trasciende el hecho puntual: los límites entre la fiscalización de autoridades públicas y la protección de la honra de organizaciones sin fines de lucro.
El origen del conflicto se remonta a la reunión extraordinaria N° 18 del Concejo Municipal, realizada el 26 de noviembre de 2025, instancia en la que se discutía la asignación de subvenciones municipales. En ese contexto, la concejala Alda Verónica Magaña Leiva formuló cuestionamientos respecto del uso de recursos solicitados por el Centro Cultural Radio Espacio Latino, aludiendo —según consta en el registro audiovisual oficial— a una eventual utilización de dichos fondos para fines personales.
La sesión fue de carácter público y quedó registrada en el sistema audiovisual del municipio, disponible para su revisión.
Las expresiones fueron emitidas en dicha sesión —transmitida y disponible públicamente— específicamente a partir del minuto 1:36:25 del registro audiovisual oficial, el cual puede ser revisado en el siguiente enlace: aquí.
A partir de estas declaraciones, el Centro Cultural Radio Espacio Latino, organización con personalidad jurídica vigente y sin fines de lucro, estimó que los dichos afectaban su prestigio institucional. En consecuencia, interpuso una querella por injurias con publicidad, acción patrocinada por el abogado Ignacio Enrique Alarcón Benavides.
La causa fue tramitada ante el 1º Juzgado de Garantía de Santiago (RIT: Ordinaria-5026-2025; RUC: 25.100.5991-6), ingresada el 5 de diciembre de 2025.
Con fecha 25 de marzo de 2026, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo, al estimar que los hechos descritos no constituían delito.
No obstante, el 27 de marzo de 2026, la parte querellante presentó un recurso de apelación, solicitando que la resolución sea revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia que deberá pronunciarse sobre si el sobreseimiento se ajusta a derecho o si corresponde que la causa continúe su tramitación.
Según el abogado patrocinante, la resolución habría impedido el desarrollo completo del proceso probatorio, señalando que, a su juicio, la controversia debiera resolverse en un juicio y no en una etapa preliminar.
Desde la perspectiva de la concejala, y en ausencia de declaraciones públicas hasta el cierre de esta edición, sus intervenciones se habrían producido en el marco del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras dentro de una sesión oficial.
La situación evidencia una tensión relevante entre el ejercicio de la fiscalización por parte de autoridades y los límites que impone la protección de la honra. Mientras dichas facultades son inherentes al rol público, la parte querellante sostiene que las afirmaciones realizadas —según su interpretación— afectarían su credibilidad institucional.
Desde la organización, además, se advierte que este tipo de hechos podría tener efectos más allá del ámbito judicial, impactando su relación con la comunidad y sus posibilidades de acceder a financiamiento futuro.
La controversia ha generado atención en el ámbito local, donde diversas organizaciones sociales cumplen funciones culturales, sociales e informativas, muchas veces dependiendo de recursos públicos para su funcionamiento.
Será ahora la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá resolver si el cierre de la causa fue jurídicamente procedente o si corresponde su reapertura.
Más allá de su resultado, el desarrollo de esta situación podría sentar un precedente relevante respecto de los estándares de responsabilidad en el debate público y los mecanismos de protección de la honra en contextos de alta exposición institucional.
