El 28 de septiembre de 2024, Hugo Morales Lobos, Q.E.P.D., trabajador a contrata de la Presidencia de la República, falleció en el subterráneo del Palacio de La Moneda mientras realizaba labores de mantención.
Hugo tenía 63 años. Era esposo, padre y abuelo.
Su muerte ocurrió después de una extensa jornada laboral. De acuerdo con los antecedentes de la Dirección del Trabajo, había ingresado a trabajar a las 8:17 de la mañana del 27 de septiembre y sufrió la emergencia aproximadamente 18 horas después, durante la madrugada del día siguiente. El mismo informe consignó que, hasta el 26 de septiembre, acumulaba 24 horas extraordinarias diurnas y cuatro horas extraordinarias nocturnas durante ese mes.
Estos son hechos que deben ser considerados cuando se analiza lo ocurrido.
También es un hecho que la familia de Hugo solicitó una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
Y es un hecho que el proceso no ha terminado.
La Contraloría General de la República realizó observaciones al sumario iniciado por la Presidencia. Entre ellas, señaló que la investigación era incompleta y cuestionó que no se hubieran indagado eventuales responsabilidades de determinadas jefaturas. También observó aspectos relacionados con los procedimientos de emergencia y con la atención prestada después de que Hugo sufrió la emergencia médica.
Posteriormente, el organismo contralor volvió a formular observaciones. En marzo de 2026, representó por tercera vez el sumario presentado por la administración anterior, señalando problemas en la fundamentación de algunas de las sanciones propuestas.
Han pasado dos años desde la muerte de Hugo Morales Lobos, dos años durante los cuales su familia ha tenido que seguir esperando que dichos procesos administrativos se desarrollen.
Desde la Fundación Sobrevivientes de Acoso consideramos que esta situación no puede normalizarse y su fallecimiento no puede quedar impune.
No corresponde que una familia tenga que esperar indefinidamente para conocer los resultados de una investigación relacionada con la muerte de su ser querido, de un trabajador del propio Estado.
Tampoco corresponde transformar un caso de esta naturaleza en una disputa política entre administraciones; la obligación institucional trasciende los gobiernos de turno.
Por eso, hoy que existe una nueva administración encabezada por el Presidente José Antonio Kast, hacemos un llamado a que este Gobierno otorgue la máxima prioridad institucional al esclarecimiento del caso de Hugo Morales Lobos, dentro de las competencias que correspondan.
Solicitamos que el proceso administrativo avance con rigurosidad y transparencia; que se subsanen las observaciones formuladas por la Contraloría; que se esclarezcan las condiciones laborales en las que Hugo desarrollaba sus funciones; y que, si de la investigación se desprenden responsabilidades administrativas, estas sean determinadas conforme a derecho.
Esta exigencia no significa prejuzgar responsabilidades, significa exigir que los hechos sean establecidos.
La protección de los trabajadores no puede limitarse a discursos o declaraciones; debe expresarse en condiciones laborales adecuadas, respeto de las jornadas de trabajo, prevención de riesgos y protocolos de emergencia que funcionen efectivamente cuando un trabajador enfrenta una situación crítica.
La muerte de Hugo también dejó antecedentes sobre las condiciones en que desarrollaba sus labores. Esos antecedentes deben ser investigados y considerados por las instituciones responsables.
La familia, además, ha hecho público su cansancio frente a la demora. En una carta publicada este 26 de septiembre, Maritza Soto, esposa de Hugo, recordó que han transcurrido dos años de investigaciones, antecedentes, reuniones y esperas, y que todavía continúan exigiendo respuestas y responsabilidades.
Desde nuestra Fundación acompañamos esa demanda.
Exigimos que se cumpla el deber del Estado, que se establezcan los hechos, que se determinen las responsabilidades que correspondan; su familia no puede seguir esperando.
Hugo Morales Lobos no es solamente el nombre de un trabajador fallecido en La Moneda, es parte de una familia que perdió a uno de sus integrantes y que lleva dos años esperando que las instituciones cumplan con su deber.
La justicia y la dignidad laboral no pueden quedar suspendidas por años en un expediente administrativo.
Desde la Fundación Sobrevivientes de Acoso, hacemos un llamado al Gobierno del Presidente Kast a asumir este caso con la seriedad que merece y a garantizar que la muerte de Hugo Morales Lobos no quede sin una respuesta institucional definitiva.
La muerte de Hugo Morales Lobos no puede quedar impune, su familia no puede seguir esperando respuestas, merece conocer la verdad, justicia y el esclarecimiento de los hechos, y si de las investigaciones se determinan responsabilidades, quienes correspondan deberán responder ante la ley.
Porque la vida de un trabajador importa, porque sus derechos no se negocian ni se relativizan, porque la dignidad de cada trabajador y trabajadora se debe respetar y proteger.
Por Hugo Morales Lobos, por su familia, por el derecho de todos los trabajadores a condiciones laborales dignas y seguras, y por todos los trabajadores de Chile que son vulnerados en sus derechos fundamentales y humanos, exigimos justicia.
Columna de Opinión de: María José Zúñiga Espinoza – Presidenta Fundación Sobrevivientes de Acoso