La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones del país. La violencia del crimen organizado, el aumento de delitos con armas de alto calibre y la sensación de impunidad han generado una desprotección creciente en la población. Frente a esta crisis, los municipios han exigido mayores atribuciones en seguridad, lo que ha impulsado la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Municipal. Esta iniciativa busca fortalecer el rol de los municipios en la prevención del delito, creando la figura de los inspectores de seguridad municipal, quienes patrullarían las comunas y colaborarían con Carabineros en labores preventivas.
Sin embargo, esta medida plantea interrogantes críticas: ¿estamos realmente dotando a los municipios de herramientas eficaces para combatir la delincuencia o simplemente maquillamos un problema sin resolverlo?
Falta de preparación y riesgos para los funcionarios
Uno de los puntos más preocupantes es la falta de preparación en defensa personal de estos futuros inspectores. Como abogado y profesor de Karate-Do, sé que el enfrentamiento físico contra delincuentes armados requiere más que voluntad y un uniforme. En Chile, incluso las fuerzas policiales presentan serias deficiencias en combate cuerpo a cuerpo y reducción de amenazas. No es extraño ver a funcionarios de Carabineros superados físicamente en enfrentamientos o desarmados por delincuentes con mayor entrenamiento. Si esto ocurre con quienes reciben formación especializada, ¿qué podemos esperar de estos nuevos inspectores municipales, que ni siquiera contarán con el nivel de instrucción que tienen las policías?
Este proyecto parece olvidar un principio básico en seguridad: la prevención del delito no se logra solo con presencia visible en las calles. Se requiere capacitación táctica, control de estrés en situaciones de riesgo y herramientas efectivas de defensa, algo que no se resuelve con una simple chaqueta reflectante y una radio. De lo contrario, terminaremos enviando a estos inspectores como carne de cañón ante bandas criminales cada vez más organizadas.
Redistribuir recursos antes de improvisar con inspectores municipales
Antes de seguir sumando actores improvisados en la seguridad pública, es necesario optimizar los recursos con los que ya cuenta el Estado. Un primer paso lógico sería reasignar personal militar para custodiar instalaciones estratégicas como estaciones de Metro, edificios gubernamentales e instituciones públicas. Esto permitiría que Carabineros libere contingente para patrullajes en la vía pública, donde su presencia es más necesaria.
Asimismo, los privados también tienen herramientas para mejorar la seguridad de sus establecimientos. Supermercados, centros comerciales y empresas pueden contratar no solo guardias de seguridad, sino también vigilantes privados, quienes sí están autorizados a portar armas y pueden actuar en situaciones de emergencia. No podemos pretender que toda la responsabilidad recaiga en el Estado cuando existen mecanismos legales que permiten a los privados resguardar sus propios intereses de manera más efectiva.
El problema del financiamiento y la falta de planificación
Otro aspecto preocupante de esta ley es que no establece claramente cómo se financiarán estas nuevas funciones municipales. Sin un respaldo económico adecuado, se corre el riesgo de que las municipalidades implementen estas medidas de forma deficiente, exponiendo aún más a los funcionarios. No basta con entregarles un uniforme y una radio si no tienen el entrenamiento ni los recursos adecuados para enfrentar situaciones de alto riesgo.
Además, es fundamental delimitar claramente el rol de los inspectores municipales. Su labor no puede confundirse con la de Carabineros ni la Policía de Investigaciones. La seguridad pública es una tarea del Estado, y no se puede improvisar delegando funciones sin planificación ni respaldo adecuado. La falta de coordinación con las fuerzas policiales puede generar conflictos de competencias y, peor aún, exponer a los funcionarios municipales a riesgos innecesarios.
Conclusión: Seguridad real, no medidas a medias
No podemos seguir enfrentando la delincuencia con soluciones a medias. Si realmente queremos mejorar la seguridad en las comunas, la solución pasa por fortalecer a Carabineros, reformar su formación con énfasis en la defensa personal, redistribuir estratégicamente el personal del Estado y modernizar la justicia para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra.
La Ley de Seguridad Municipal, sin estos cambios estructurales, corre el riesgo de ser un simple espejismo que no resuelve el problema de fondo y que deja a los municipios con una responsabilidad que no podrán asumir de manera efectiva.
Por: Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado, Profesor de Karate-Do y comunicador social.