En tiempos en que el país enfrenta restricciones presupuestarias, resulta habitual escuchar que no existen recursos suficientes para fortalecer programas sociales, contratar personal, mejorar la atención a los usuarios o responder a las necesidades de los servicios públicos. Los ministerios reciben rebajas de presupuesto y la austeridad se instala como una política de Estado.
Sin embargo, existe una realidad que rara vez ocupa los titulares: cada año, el Estado destina millones de pesos al pago de indemnizaciones derivadas de sentencias por tutelas laborales cuando los tribunales determinan que un servicio público vulneró derechos fundamentales de un trabajador, ejemplo: DIPRECA Central, MOP, etc., información del Poder Judicial.
Surge entonces una pregunta que no puede seguir postergándose: ¿cómo es posible que falten recursos para prevenir el acoso laboral y mejorar los ambientes de trabajo, pero sí existan recursos para pagar las consecuencias de esas vulneraciones?
Lo más preocupante es que el costo económico de estas condenas no recae sobre quienes adoptaron decisiones que dieron origen al conflicto. Es el Estado el que comparece a través de abogados financiados con recursos públicos para defender al servicio demandado y, cuando la justicia falla en favor del trabajador, también es el Estado quien paga las indemnizaciones con dinero de todos los chilenos.
Las verdaderas víctimas llegan a los tribunales después de meses o incluso años de sufrimiento. Muchas enfrentan problemas de salud mental, licencias médicas, pérdida de ingresos, deterioro familiar e incluso el abandono de su carrera funcionaria. En cambio, las consecuencias para quienes ejercieron malas prácticas no siempre son equivalentes al daño ocasionado.
Como Fundación Sobrevivientes de Acoso Laboral creemos que el país debe abrir una discusión seria sobre la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. No basta con pagar las condenas cuando el daño ya está hecho. Es indispensable fortalecer la prevención, capacitar a las jefaturas, investigar con independencia las denuncias y establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas.
Cada peso destinado al pago de una sentencia judicial es un peso que deja de invertirse en salud, educación, seguridad, vivienda o en mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. La prevención del acoso laboral no solo protege la dignidad de las personas; también constituye una forma responsable de administrar los recursos del Estado.
Por ello, hacemos un llamado a transparentar cuánto dinero público se destina anualmente al pago de sentencias por tutelas laborales en la Administración del Estado y a evaluar políticas que permitan reducir estos costos mediante una prevención efectiva.
No podemos seguir aceptando que el presupuesto para proteger a las personas sea insuficiente, mientras el presupuesto para reparar los daños continúa creciendo.
El acoso laboral tiene un enorme costo humano, pero también un costo económico que termina siendo asumido por toda la sociedad. Un Estado moderno no puede conformarse con pagar indemnizaciones; debe comprometerse a evitar que las vulneraciones ocurran. Esa es la verdadera eficiencia del gasto público y el compromiso que las y los trabajadores merecen.
Por: María José Zúñiga ( Presidenta de la Fundación Sobrevivientes de Acoso). Columna de Opinión.