Pudahuel, Santiago de Chile. 23 marzo 2025. En las últimas semanas, el debate sobre la reinstauración de la pena de muerte en Chile ha resurgido con fuerza, impulsado por voces políticas que buscan ofrecer respuestas contundentes frente a la creciente sensación de inseguridad ciudadana. Como abogado, profesor de karate y comunicador social, pero también como ciudadano que camina las mismas calles de Pudahuel, entiendo profundamente el clamor por justicia, pero también veo con claridad el riesgo de que la justicia se confunda con venganza.
Chile abolió la pena de muerte en 2001, dando un paso importante hacia el respeto de los derechos humanos y alineándose con tratados internacionales que nos comprometen como nación. Hoy, quienes proponen su retorno apelan al dolor de las víctimas y al legítimo deseo de castigo ante crímenes atroces. Sin embargo, debemos preguntarnos: ¿resolverá esta medida el problema de fondo? ¿O solo será una respuesta emocional que nos alejará de soluciones verdaderas?
Desde el tatami donde enseño karate a niños y jóvenes, sé que la violencia jamás se combate con más violencia. Se combate con formación, disciplina y oportunidades. Desde los tribunales donde ejerzo la defensa de los derechos, sé que las leyes deben proteger, no solo castigar. Y desde los micrófonos de la comunicación social, sé que debemos fomentar un debate responsable, lejos del populismo punitivo que busca votos fáciles en tiempos difíciles.
Como militante del Partido Demócratas Chile, creemos que las soluciones deben ser integrales: fortalecimiento de las instituciones, mejoramiento de la justicia penal, apoyo a las policías, y sobre todo prevención social. La pena de muerte, además de ser irreversible, no ha demostrado ser efectiva para reducir los delitos. No caigamos en recetas simplistas para problemas complejos.
Más que promover la pena capital, lo que verdaderamente deberían estar abordando quienes aspiran a liderar Chile es el fortalecimiento real de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, otorgándoles mayores atribuciones y modernizando sus capacidades operativas. Es urgente también una mejora sustancial de los recursos destinados al Ministerio Público, permitiéndole actuar con mayor eficiencia frente al crimen organizado y los delitos violentos. A esto se suma la necesidad impostergable de aplicar reformas drásticas a nuestra legislación penal, que se encuentra desfasada y muchas veces ineficaz para enfrentar los desafíos de seguridad del presente.
Chile necesita paz, no espectáculo. Justicia, no venganza. Seguridad, no miedo.
Por: Ignacio Enrique Alarcón Benavides – Abogado – Profesor de Karate – Comunicador Social