Durante décadas, ingresar al Instituto Nacional o al Liceo 1 Javiera Carrera fue mucho
más que un logro académico: era una promesa concreta de movilidad social. Hoy, esa
promesa enfrenta su momento más crítico. La crisis de los liceos emblemáticos no solo
remueve a sus comunidades; tensiona el diseño completo de la política pública
educativa en Chile.
El punto de inflexión suele situarse en la implementación del Sistema de Admisión
Escolar (SAE), creado en el marco de la Ley de Inclusión (2015). Su objetivo fue claro:
eliminar la selección arbitraria y garantizar igualdad de acceso. Sin embargo, su
aplicación homogénea sobre realidades educativas profundamente distintas abrió un
debate que sigue sin resolverse.
“La inclusión no puede ser solo acceso; requiere condiciones para que las y los
estudiantes progresen”, advierte un informe del Centro de Estudios Públicos (CEP,
2022). En la misma línea, la fundación Educación 2020 ha sostenido que “la equidad
exige políticas de acompañamiento académico sostenido, no solo cambios en la
admisión”.
Los datos respaldan la inquietud. La Agencia de Calidad de la Educación ha reportado
en los últimos años fluctuaciones en resultados de aprendizaje y un deterioro en
indicadores de convivencia en varios establecimientos de alta exigencia. Aunque las
causas son múltiples desde el impacto de la pandemia hasta cambios en la composición
estudiantil, el debate público ha instalado una percepción persistente: la pérdida de
identidad académica.
No se trata de idealizar el pasado. Los liceos emblemáticos también reproducían
desigualdades y presión excesiva. Pero cumplían una función estratégica: permitir que
estudiantes de contextos vulnerables accedieran a estándares de excelencia comparables
a los de sectores privilegiados.
El problema actual, coinciden especialistas, es de diseño. “Los sistemas exitosos
combinan inclusión con diferenciación institucional”, señala la OCDE en sus
revisiones sobre sistemas educativos. Es decir, no todos los establecimientos cumplen el
mismo rol, ni deberían operar bajo idénticas reglas.
Chile, en cambio, optó por un modelo uniforme.
Esa uniformidad, sin mecanismos robustos de nivelación ni apoyo, tensionó
comunidades educativas construidas sobre altas expectativas. El resultado ha sido
visible: aumento de conflictos, desgaste docente y pérdida de prestigio, un activo
intangible que tardó generaciones en construirse.
La discusión, sin embargo, se ha entrampado en una falsa dicotomía: volver a la
selección o defender el sistema actual sin ajustes. Ninguna de las dos respuestas parece
suficiente.
Hoy emerge una tercera vía en el debate técnico: sistemas de admisión mixtos y
transparentes, programas obligatorios de nivelación académica, mayor autonomía
escolar con rendición de cuentas y reconocimiento explícito del rol público de los liceos
emblemáticos como motores de movilidad social.
El desafío es político, no solo técnico. Requiere reconocer que una buena intención
como ampliar el acceso puede producir efectos no deseados si no se implementa con
precisión.
Porque lo que está en juego no es únicamente el destino de algunos colegios. Es la
credibilidad de una promesa republicana: que el talento, sin importar su origen, puede
encontrar en la educación pública un camino real hacia el futuro.
Si esa promesa se debilita, la crisis deja de ser educativa. Se convierte, inevitablemente,
en una crisis de confianza.
Marcelo Enrique Órdenes De La Fuente – Docente especialista en liderazgo pedagógico, diseño curricular, dirección y gestión escolar, educación física y salud, psicología del deporte, y políticas públicas, orientado al desarrollo integral de las comunidades.