La Corte de Apelaciones condenó al municipio por actuar ilegalmente durante años, perjudicando un proyecto habitacional y ordenando indemnizaciones millonarias que deberán pagarse con recursos públicos.
Pudahuel, Santaigo de Chile, 24 de julio 2025. Una vez más, la justicia ha debido enmendar los errores —o más bien, las negligencias deliberadas— de una administración municipal que ha optado por desconocer la ley, despreciar los fallos judiciales y perjudicar el desarrollo de nuestra comuna. El reciente fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso Inversiones Río Campo S.A. c/ Municipalidad de Pudahuel no solo es lapidario, sino que constituye una vergonzosa advertencia sobre el actuar ilegal y contumaz de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y, por extensión, de toda la autoridad edilicia representada, para bien o para mal, por el actual alcalde.
¿El resultado? La Corte ordenó al municipio emitir un pronunciamiento obligatorio en 10 días hábiles respecto a una solicitud de modificación de permiso de edificación para un proyecto de 72 viviendas en calle Claudio Arrau. Pero lo más grave: reconoció el derecho de la empresa a ser indemnizada por los perjuicios sufridos y condenó al municipio al pago de las costas del juicio.
¿Y con qué dinero pagará la municipalidad estas indemnizaciones y costas judiciales? Con nuestros impuestos. Con tu dinero y el mío. Recursos que bien podrían haberse destinado a reparar los hoyos que inundan nuestras calles, a instalar luminarias donde reina la oscuridad o a reforzar la seguridad con más cámaras en los barrios donde la delincuencia ha ganado terreno. Pero no: el municipio ha preferido persistir en la ilegalidad durante más de una década, generando un detrimento económico directo para toda la comuna.
El fallo es contundente. No se trata de un error técnico, sino de una cadena de actos administrativos ilegales, dilatorios y temerarios, iniciados desde 2016. La DOM paralizó las obras con excusas absurdas que fueron sistemáticamente rechazadas por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema: primero, dijeron que el terreno era de utilidad pública (falso); luego, que no existía permiso de edificación (mentira); más tarde, que el permiso había caducado (otra falsedad). Todos esos argumentos fueron desmontados por la justicia, pero la autoridad municipal insistió en desconocerlos.
Incluso el máximo tribunal del país, en sentencia de 2022, acusó al municipio de “centrar sus esfuerzos en eludir el cumplimiento de lo dictaminado por esta Corte”, y de reabrir discusiones judiciales “largamente agotadas”. Pocas veces un fallo judicial ha sido tan claro en evidenciar el abuso de poder institucional por parte de una administración local.
Este caso debería encender todas las alarmas. No solo porque se están perdiendo recursos públicos por culpa de decisiones negligentes, sino porque existe una falta total de fiscalización política. ¿Dónde está el Concejo Municipal de Pudahuel? ¿Por qué no se exige responsabilidad administrativa a quienes, desde la Dirección de Obras hasta el nivel más alto de la alcaldía, han provocado este desastre jurídico y financiero?
Los concejales no pueden seguir actuando como meros observadores pasivos. Están llamados por ley a fiscalizar los actos de la administración municipal, y este caso es un claro ejemplo de por qué su rol es indispensable. Si no lo hacen ahora, serán también responsables por omisión en futuras negligencias.
La comunidad de Pudahuel merece más. Merece una administración que respete la ley, que escuche los fallos de los tribunales y que anteponga el bienestar de los vecinos por sobre su agenda política o sus rencillas internas. No podemos permitir que se normalice la ineficiencia institucional como una forma de gobierno. Este fallo debe marcar un antes y un después. Y si no lo hace la autoridad, que lo hagamos nosotros: exigiendo con fuerza, fiscalización, transparencia y justicia.
Columna de Opinión: Por Ignacio Enrique Alarcón Benavides, abogado, comunicador social, profesor de Karate-Do y vecino de Pudahuel
? Sitio web de asesorías jurídicas: www.asesoriasjuridicas.cl
? Sitio web de escuela de Karate-Do Goju Ryu: www.karatewkf.cl
? Correo electrónico jurídico: ignacio@asesoriasjuridicas.cl
? Correo general de contacto: contactos@asesoriasjuridicas.cl
? WhatsApp: +56 9 9635 9915
? Facebook: Ignacio Enrique Alarcón Benavides