Columna de opinión: Santiago, 21 de junio de 2026: Como ciudadano y trabajador, quiero manifestar mi rechazo categórico al proyecto de ley que busca reemplazar el actual sistema de indemnización por años de servicio por un modelo denominado “a todo evento”, impulsado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
La dignidad del trabajo no admite retrocesos. Y esta propuesta, presentada como una modernización, constituye en los hechos una rebaja de derechos adquiridos y una medida que desincentiva la contratación formal, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas que sostienen gran parte del empleo en Chile.
I. EL PROBLEMA REAL QUE CHILE NO HA RESUELTO: EL TOPE DE 11 AÑOS
Para entender por qué este proyecto es inconveniente, primero hay que nombrar la injusticia que lleva más de 13 años sin solución. Hoy, el artículo 163 del Código del Trabajo establece que, frente a un despido por necesidades de la empresa, el empleador debe pagar una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración por cada año de servicio. Sin embargo, impone un límite: 330 días de remuneración, es decir, 11 años.
Esto significa que un trabajador que entrega 15, 20 o 25 años de su vida a una misma empresa, al momento de ser desvinculado recibe el mismo monto que quien trabajó solo 11 años. Es una norma que castiga la antigüedad, desconoce el mérito y rompe la proporcionalidad básica entre tiempo trabajado y compensación recibida.
Desde 2012, diversas mociones parlamentarias han intentado corregir esta distorsión. El boletín N° 14.698, ingresado en octubre de 2021, propone directamente suprimir el límite de 330 días. Pese al consenso transversal sobre lo injusto del tope, el proyecto duerme en el Congreso. Las y los trabajadores siguen esperando.
La solución de fondo, por tanto, es clara y no requiere inventar un sistema nuevo: eliminar el tope de 11 años y consagrar el principio de “año trabajado, año indemnizado”. Esa es la deuda del Estado de Chile con su fuerza laboral.
II. POR QUÉ LA INDEMNIZACIÓN “A TODO EVENTO” ES UNA REBAJA ENCUBIERTA
El proyecto del Gobierno propone que, en lugar de 1 mes por año con tope de 11, se pague medio mes por año trabajado, sin tope, para todas las causales de término de contrato. Se presenta como un beneficio porque se pagaría incluso en caso de renuncia o despido por falta del trabajador.
Pero los números no mienten. Comparemos dos casos reales:
1. Trabajador despedido por necesidades de la empresa con 10 años de antigüedad: *
Sistema actual: recibe 10 remuneraciones.
Sistema “a todo evento”: recibe 5 remuneraciones.
Resultado: pierde el 50% de su indemnización.
2. Trabajadora despedida con 6 años de antigüedad: *
Sistema actual: recibe 6 remuneraciones.
Sistema “a todo evento”: recibe 3 remuneraciones.
*Resultado: pierde el 50%. *
Solo quienes tienen más de 22 años de antigüedad verían una mejora respecto al tope actual. ¿Cuántos trabajadores en Chile llegan a esa antigüedad en un mismo empleo? Según datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos, la antigüedad promedio no supera los 8 años. Por tanto, para la inmensa mayoría, este proyecto es una disminución directa de su indemnización.
Llamarlo “modernización” es un eufemismo. Es cambiar un derecho incompleto por un derecho recortado. La verdadera modernización sería eliminar el tope sin bajar el mes por año.
III. EL COSTO PARA EL EMPLEO: LA COTIZACIÓN DE 1,8%
El ministro del Trabajo, Sr. Tomás Rau, ha señalado que este nuevo sistema se financiaría con una cotización adicional de 1,8% de cargo exclusivo del empleador, que se sumaría a los aportes existentes al Seguro de Cesantía.
Chile ya enfrenta desafíos de productividad y alta informalidad laboral.
En este contexto, encarecer en 1,8% el costo de cada contrato formal es una señal en la dirección equivocada. Ese 1,8% impacta con más fuerza a las pymes, que representan el 98% de las empresas del país y generan más del 65% del empleo.
Cuando contratar se vuelve más caro, las decisiones empresariales se adaptan: se contrata menos, se privilegia el empleo a honorarios, se automatiza o se externaliza. El resultado final es menos trabajo formal y menos protección social. No podemos pedir más formalidad mientras creamos normas que la castigan.
Además, esta cotización opera como un impuesto al trabajo. Se paga exista o no exista despido. Se paga, aunque el trabajador renuncie al mes. Se transforma en un costo fijo que rigidiza aún másnuestro mercado laboral.
IV. FALSA EQUIDAD: NO TODAS LAS CAUSALES DE DESPIDO SON IGUALES
El Código del Trabajo distingue causales. Y lo hace por una razón. No es lo mismo ser despedido por necesidades de la empresa, una decisión unilateral del empleador, que ser despedido por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, como establece el artículo 160.
Equiparar todas las causales bajo el concepto de “a todo evento” borra esa distinción jurídica y moral. Despoja a la indemnización de su naturaleza compensatoria frente a la pérdida involuntaria del empleo. La convierte en un simple ahorro forzoso, pagado en cuotaspor el empleador.
Si el objetivo es mejorar la cobertura en caso de renuncia, existen otras vías. Se puede fortalecer el Seguro de Cesantía, mejorar las cuentas individuales y aumentar el aporte estatal en los casos de bajos salarios. Pero no a costa de desmantelar la indemnización por despido.
V. LA PROPUESTA CORRECTA: DIGNIDAD SIN LETRA CHICA
Chile no necesita un traje nuevo para una deuda antigua. Necesita pagar la deuda.
Por eso, proponemos:
1. Tramitación urgente del boletín N° 14.698. Suprimir el límite de 330 días del artículo 163 del Código del Trabajo. Que se aplique para todos los contratos, nuevos y antiguos, porque los derechos no pueden tener dos categorías de trabajadores.
2. Mantener el factor de 1 mes de remuneración por año de servicio. * Es el estándar que reconoce adecuadamente el daño previsional y la dificultad de reinserción que enfrenta un trabajador despedido.
3. Fortalecer el Seguro de Cesantía de forma focalizada. Aumentar la tasa de reemplazo y la duración del beneficio para los trabajadores de menores ingresos, sin crear una cotización general que dañe el empleo.
4. Diálogo social efectivo. Cualquier reforma al sistema de indemnizaciones debe discutirse en el Consejo Superior Laboral, con participación real de la CUT, la CPC, las pymes y la academia. No a puertas cerradas.
CONCLUSIÓN
La indemnización por años de servicio es un pilar de nuestra legislación laboral. Nació para proteger al trabajador frente a la asimetría de poder que existe en la relación laboral. No es un privilegio. Es un piso mínimo de justicia.
El proyecto “a todo evento” no moderniza. Rebaja. No resuelve el problema del tope de 11 años. Lo evade. No protege el empleo. Lo encarece.
Como ciudadano, como trabajador y como padre de familia, no puedo avalar una reforma que deja a la mayoría de los trabajadores con menos protección que antes. La defensa del trabajo decente se hace con más derechos, no con menos.
Por ello, solicito a las diputadas y diputados de la República rechazar este proyecto y, en su lugar, poner urgencia a la eliminación del tope de 11 años. Esa es la reforma que Chile espera. Esa es la reforma que es justa.
La dignidad laboral no se negocia. Se legisla.
Atentamente,
Rubén Romero Sánchez (Vecino de Pudahuel).